Por las presuntas irregularidades que se habrían presentado durante la ejecución de un contrato, la Procuraduría General abrió una indagación preliminar en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Los hechos se refieren a la contratación pública en el marco de un convenio suscrito por el mencionado organismo -el cual es encargado de brindar atención, apoyo y reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia- con una empresa especializada en externalizar procesos de negocio.
La indagación cita que, presuntamente, en el desarrollo de esta contratación se estarían presentando hechos presuntamente irregulares en el manejo de personal, posible desviación de poder, extralimitación de funciones, coadministración indebida y vulneración de derechos laborales.
Los hechos datan de 2025 cuando se radicó una queja que advertía, entre otras situaciones, la presunta toma de decisiones administrativas y contractuales de extrema gravedad como la “sustitución de más del 80 % del personal operativo y jurídico, sin evidencia de evaluaciones técnicas objetivas, matrices de desempeño, informes de auditoría o criterios de mérito documentados”.
Igualmente, se mencionaban presuntas desmejoras deliberadas de las condiciones salariales en el marco del mencionado bilateral.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Pública ordenó la práctica de pruebas documentales relacionadas con el mencionado bilateral con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de indagación.
Esto con el fin de identificar plenamente a los funcionarios que habría participado en la celebración y ejecución irregular del mencionado contrato.
En varios reportajes, SEMANA ha revelado las irregularidades que se han presentado durante los procesos de contratación en la Unidad.