La Procuraduría General abrió este lunes 2 de marzo una investigación disciplinaria en contra de cuatro de los agentes interventores designados por el gobierno de Gustavo Petro ante las EPS SOS.
En la decisión de 22 páginas, conocida por SEMANA, se vincula a Carlos Marino Escobar Vásquez, Carlos Eduardo Franco Muñoz, Sergio Andrés Gil Celis y Carlos Alberto Betancour Castañeda en su calidad de agentes especiales interventores de la Superintendencia Nacional de Salud para la Entidad Promotora de Salud Servicio Occidental de Salud SAS-EPS SOS.
En el caso de este último, la Procuraduría General lo suspendió provisionalmente de su cargo “de la función de agente especial interventor de la EPS SOS” por tres meses.
“Incumplir las funciones y obligaciones impuestas como agentes especiales interventores de la EPS SOS que han ocasionado el deterioro de la prestación del servicio de salud a los afiliados de la entidad”, precisa la apertura de la investigación.
En esta parte también se menciona “el incremento de las PQRS, acciones de tutela e incidentes de desacato durante el desarrollo de la intervención forzosa administrativa”.
Igualmente, se advierte que la investigación se relaciona con el incumplimiento de las funciones y obligaciones impuestas “como agentes especiales interventores de la EPS SOS que han ocasionado el deterioro de la sostenibilidad financiera, incremento de la estabilidad y los pasivos y el decrecimiento del patrimonio de la EPS”.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social le ordenó a la Superintendencia de Salud, la EPS SOS y otras entidades la emisión de diferentes informes sobre la actuación de los agentes interventores.
“Informe detallado y soportado que dé cuenta de las acciones adelantadas por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, en cumplimiento de las funciones de seguimiento y control que le competen, respecto del desarrollo del proceso de la intervención forzosa administrativa de la EPS SOS, incluyendo, sin limitarse a: i) cumplimiento a las acciones de tutela; ii) incidentes de desacato; iii) seguimiento a las respuestas de PWRS; iv) acciones y medidas preventivas y correctivas frente a los informes de intervención prestados por los agentes especiales”, indica el auto.
Además, se le pidió a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) que remita un informe sobre los recursos girados a la mencionada EPS desde el 10 de abril de 2024 hasta la fecha en la que se anunció su intervención por parte de la SuperSalud.
Finalmente, se le pidió a la Defensoría del Pueblo que remita en los próximos días un informe sobre el manejo de los recursos y acceso de la población afiliada “usuaria al servicio y sistema de salud a su cargo, a partir del 15 de septiembre de 2023″.