El relevo en la dirección de la Unidad para las Víctimas no acabó con la mermelada política para los nombramientos de los más altos cargos en esa entidad, que administra los recursos para los afectados por el conflicto armado en el país.
El Gobierno declaró como insubsistente al exdirector Adith Romero, quien se había negado a presentar la carta de renuncia y era una señalada ficha del senador Gustavo Moreno. Pese a eso, ambos siguen teniendo influencia en la entidad, según conoció este medio.
Se había prometido un cambio total en los nombramientos, pero no se concretó. Fuentes enteradas del proceso relataron a esta revista que a comienzos de esta semana se desarrolló una reunión en un edificio estatal en la que acordaron reubicar a los directores y asesores que iban a perder su cargo, las mismas personas que había nombrado Romero.
En ese encuentro habrían estado el exdirector encargado, Breiner Osorio; Alix Aguilar, quien era directora de Asuntos Étnicos y suena como la próxima directora; y Carlos Vásquez, jefe de la Oficina Asesora Jurídica y quien también tiene a su cargo el manejo de recursos.
“La entidad está dividida entre dos congresistas, pero todos los altos cargos son del grupo de Gustavo Moreno. Tienen direcciones, subdirecciones y a la Mesa Nacional haciendo política”, contó una fuente.
La coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas es Eucaris Salas Salas, una funcionaria que se identifica como defensora de los derechos humanos y líder social, pero que en sus redes sociales publica invitaciones a eventos de campaña del senador Moreno y de Elizabeth Molina, candidata a la Cámara del Magdalena.
Las movidas políticas de enero casi dejan sin influencia en la Unidad al senador Moreno. La Presidencia de la República publicó durante unas horas el perfil de Lilia Solano como directora, una funcionaria que ya había ejercido ese cargo en 2024. No obstante, su nombramiento duró pocas horas porque fue tal el revuelo en la entidad que la hoja de vida se bajó de la página web de aspirantes. Esa movida, en todo caso, sirvió para poner sobre aviso al personal que había dejado el exdirector Romero.
“Ese mismo día empezaron a pedir informes de balance de gestión y corrieron a hacer contrataciones para 2026 por temor a que los sacaran”, relató otra fuente enterada del proceso. El fortín político de la Unidad ha servido para repartir cargos en Barrancabermeja, la tierra natal del senador Moreno, y el Eje Cafetero, la región donde nació su esposa, Juliana Ospina, también señalada por los funcionarios que hablaron con SEMANA de tener influencia en los nombramientos de la entidad.
Una de esas fichas es Alexandra Ramírez Leal, directora territorial del Eje Cafetero y esposa del secretario de Agricultura del Quindío, Bryan Naranjo, quien en el pasado aspiró a la alcaldía de Armenia.
“En la dirección estaban pidiendo votos para poder renovar los contratos. Pocos de los contratistas que venían desde hace años siguieron porque se metieron a hacer política directamente con Gustavo Moreno, y quien maneja la contratación en el Eje Cafetero es Juliana Ospina”, contó otro funcionario.
Se dice, incluso, que hubo fricciones entre el senador y el petrismo porque el congresista se negó a ponerle votos al Pacto Histórico. A Ramírez y Ospina se las vio juntas en la oficina territorial ubicada en Pereira.
SEMANA buscó al senador Moreno y a su esposa, también al exdirector Romero, pero al cierre de esta edición no recibió respuesta de las personas mencionadas en este artículo.
La respuesta de la Unidad para las Víctimas
La Unidad para las Víctimas se defendió asegurando que las nuevas contrataciones corresponden a un proceso de empalme y a la necesidad de garantizar la planta de personal hasta junio de 2026, cuando finaliza la ley de garantías que comenzó a regir este fin de semana.
En relación a la información sobre la reunión que se realizó esta semana en un edificio estatal, en la que se habrían repartido los cargos directivos, afirmó que “todas las instancias ejecutivas que han sido adelantadas por el Director Encargado y el equipo Directivo de la entidad, han tenido como finalidad garantizar la continuidad de los procesos y el direccionamiento estratégico, de manera que la dinámica de la Alta Dirección no afecte la misionalidad de la entidad”. No obstante, la entidad no negó la existencia de ese encuentro.
El despacho que dirige Alix Dunieka Aguilar afirmó en las respuestas a un cuestionario enviado por SEMANA que la continuidad en los cargos en niveles directivos y asesores están ajustados a los principios de de la función pública y al resultado de gestión de aquellos que estuvieron en esos roles.
Entre tanto, la entidad niega que en la dirección territorial se esté exigiendo apoyo político a campañas a cambio de la continuidad de los contratos: “Ninguna dirección territorial es utilizada con fines políticos. Así mismo, no existe ningún tipo de denuncia asociada a esta Dirección territorial”, enfatizó ese despacho.
Finalmente, la Unidad afirmó que los representantes de las mesas de víctimas, como es el caso de la coordinadora Eucaris Salas, ejercen una representación “independiente” que no les vincula de forma directa con la entidad. “En este sentido, la persona mencionada no se encuentra vinculada a la entidad como funcionaria pública y se encuentran en la libertad de ejercer sus derechos de participación o expresión política bajo sus criterios personales”, escribió el despacho.
El exdirector de la Unidad, Adith Romero, fue declarado insubsistente hace dos semanas y en medio de señalamientos de repartir mermelada política en la entidad que gestiona recursos para las víctimas del conflicto armado del país.