SEMANA conoció un decreto expedido por el Departamento de Prosperidad Social (DPS) el 22 de enero, mediante el cual se retiró del cargo al director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Adith Rafael Romero Polanco. Él es investigado por la Procuraduría y la Contraloría por presuntos malos manejos en la entidad, denunciados por esta revista.
El documento fue firmado por el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya: “Declárese insubsistente el nombramiento del funcionario Adith Rafael Romero Polanco en el empleo de director general de la Unidad, efectuado mediante Decreto 0628 del 5 de junio de 2025”. Rodríguez Amaya ordenó que, a partir de hoy, las riendas de la entidad las llevará, bajo encargo, Breiner Rafael Osorio Pinto, uno de los asesores de su despacho.
Versiones conocidas por SEMANA indican que, supuestamente, altos funcionarios del Gobierno Petro habían solicitado la renuncia de Romero Polanco, pero esta se habría retrasado por aparentes problemas personales. Incluso, la Presidencia llegó a publicar la hoja de vida de un posible reemplazo, Lilia Clemencia Solano Ramírez; sin embargo, el archivo fue eliminado en cuestión de minutos. La persona que ocupará su lugar ya fue seleccionado por el presidente Petro y se trata de un destacado líder, según fuentes de la Casa de Nariño.
Adith Rafael Romero Polanco llegó a ese cargo por recomendación de un poderoso clan político de Santander, que le aseguró votos al Gobierno Petro en el Congreso. La cabeza visible de esta estructura es el senador Gustavo Moreno, quien trasladó su maquinaria de Barrancabermeja a la Unidad, según testimonios y documentos revisados por esta casa editorial.
Las denuncias de presuntas irregularidades en la contratación y adquisición de servicios están bajo la lupa de los entes de control. La Procuraduría ya empezó a escuchar a funcionarios y contratistas que han sostenido las quejas: aparentes inconsistencias en varios procesos que son verificados.
El director de la Unidad y el senador Gustavo Moreno se negaron a atender una entrevista con SEMANA. La entidad se limitó a emitir un comunicado de prensa negando cualquier irregularidad, mientras que en las oficinas inició una ‘cacería de brujas’ para saber quiénes fueron los informantes de las denuncias a los medios.
