La investigación de la Fiscalía que permitió la captura de un grupo de funcionarios, exfuncionarios y supuestos abogados protagonistas en una red de corrupción al interior de la unidad de lavado de activos del ente acusador, escribe nuevos capítulos que podrían vincular más personas.
Los capturados son funcionarios de la Policía y la Fiscalía, líderes en investigaciones de lavado de activos y extinción de dominio que, de acuerdo con el ente acusador, se acercaban a personas procesadas, la mayoría exnarcotraficantes, para advertirles que en su contra se estaban concretando algunas órdenes de captura.
La denuncia de un exnarcotraficante fue fundamental para abrir una investigación que, luego de la información revelada en SEMANA sobre la venta de expedientes en la dirección de lavado de activos, derivó en un operativo que dejó ocho personas capturadas; funcionarios de la Fiscalía y Policía, exfuncionarios del Inpec y un supuesto abogado cayeron en los procedimientos.
En el curso de la investigación, la Fiscalía logró establecer que los funcionarios se acercaban a los narcotraficantes con una advertencia clara, de una eventual orden de captura; luego hacían exigencias millonarias para entorpecer el proceso y prometer que las investigaciones terminarían sepultadas.
Los funcionarios, de acuerdo con la propia Fiscalía, inventaron informes de policía judicial para interceptar las comunicaciones de los procesados y sus abogados, y así establecer con certeza la mejor forma de abordarlos y hacer las exigencias económicas. Sin embargo, en una de estas interceptaciones, los funcionarios corruptos se enteraron de una denuncia en su contra.
La investigación permitió identificar la forma en que estaba operando esta organización criminal al interior de la Fiscalía, quiénes participaron, incluso quiénes advirtieron su responsabilidad y contaron cómo funcionó el entramado corrupto con sello de la Fiscalía.
El ente acusador logró establecer los recorridos que hicieron los funcionarios corruptos, con el propósito, no solo de hacer las exigencias de dinero, sino que, posteriormente a la denuncia, trataron de persuadir a funcionarios de la URI, que recibieron la denuncia, para acceder al documento.
En el curso de la investigación, la Fiscalía obtuvo las declaraciones, los audios, las interceptaciones y hasta las conversaciones que sostuvo la organización criminal con las víctimas, donde explicaban la forma en que podrían solucionar los problemas con la justicia a cambio de millonarios pagos.
Las víctimas aseguraron que tienen todos los elementos de prueba para demostrar que esa organización criminal tenía, además de los funcionarios que fueron capturados, directivos del ente acusador y oficiales de alto rango en la Policía que estaban enterados de las actividades criminales de sus subalternos.