El deterioro en la calidad del servicio de energía en la Costa Caribe atraviesa hoy un capítulo especialmente crítico por la intervención y el manejo estatal de Air-e, sobre los cuales ahora se señalan movimientos oscuros, presuntas ilegalidades y pérdidas.
Según El libro de la verdad que construyó el Gobierno entrante del presidente Abelardo De La Espriella, tras hacer un barrido sobre la corrupción que presuntamente reinó en el gobierno de Gustavo Petro, la empresa Air-e pasó de un patrimonio de 2,22 billones de pesos en 2023 a menos 377.662 pesos en 2025, con pérdidas acumuladas de 2,59 billones de pesos durante este periodo.
Al mismo tiempo, mientras crecían esas cuentas por pagar, se reducían los recursos destinados a sostener la operación y las inversiones caían prácticamente a cero. Además, parte del dinero recaudado en la región terminó destinado a procesos de contratación que posteriormente resultaron cuestionados y puestos bajo la lupa de los organismos de investigación.
SEMANA fue el primer medio en revelar las presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de Edwin Palma como interventor de Air-e, particularmente las relacionadas con un cuestionado contrato de suministro de materiales eléctricos. Las denuncias llevaron a que la Fiscalía compulsara copias para que fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia investigaran al hoy ministro de Minas y Energía.
Según fuentes de la región Caribe, existe preocupación por el futuro de esta y otras investigaciones relacionadas con hechos ocurridos durante la intervención de Air-e, ante el temor de que puedan ser archivadas sin que se haga un análisis riguroso y exhaustivo de los hechos.
La denuncia estaba relacionada con un contrato de suministro de materiales y equipos eléctricos con presuntos sobrecostos. El proceso se originó después de que el entonces jefe de compras de Air-e invitara a tres empresas, entre ellas Macro Integral Soluciones S. A. S., constituida apenas un día antes de la invitación.
Posteriormente, esta compañía se unió con otra de las invitadas para conformar el Consorcio SEC, que terminó adjudicándose el contrato suscrito por Edwin Palma. La investigación también indaga los presuntos vínculos entre las empresas participantes y el entonces jefe de compras de Air-e y su esposa.
Para cuando las irregularidades fueron reveladas, la compañía ya había desembolsado más de 14.000 millones de pesos, buena parte mediante anticipos, y la nueva administración interventora había ordenado suspender y terminar el contrato.
Adicionalmente, durante su gestión como interventor, Edwin Palma nombró como contador de Air-e a su primo hermano, Juan Pablo Nieto Egea, pese a tratarse de una de las empresas más grandes del país.
Posteriormente, según reveló SEMANA, un informe de revisoría fiscal de Colombia Tributa documentó decenas de presuntas irregularidades contables y administrativas durante la intervención y terminó con una abstención de opinión, ante la falta de evidencia suficiente para determinar si los estados financieros reflejaban razonablemente la situación financiera de la compañía.
El caso adquirió mayor relevancia precisamente porque Nieto Egea ocupaba el cargo de contador durante ese periodo. A estos hallazgos se sumaron otros cuestionamientos sobre el manejo administrativo de Air-e, entre ellos la contratación de 68 asesores para el despacho del agente interventor.
Otro de los episodios cuestionados durante la intervención de Air-e tiene que ver con un acuerdo de pago cercano a los $200.000 millones con Interaseo.
Según reveló SEMANA, los interventores no habrían entregado a la revisoría fiscal Ernst & Young, la cual existía desde antes de la intervención, pese a sus reiteradas solicitudes. Además, el pago presuntamente contrariaba directrices de la propia Superintendencia de Servicios Públicos, que había advertido que no debían pagarse obligaciones anteriores a la intervención, y el monto pactado sería superior al valor que aparecía registrado en la contabilidad de Air-e antes de que el Estado asumiera su control.
El exministro Edwin Palma respondió vía X a El libro de la verdad y retó al próximo Gobierno al afirmar: “Este trabajo es muy chimbo”.
Investigaciones sobre hechos ocurridos durante la intervención de Air-e
SEMANA investigó, a través de fuentes judiciales, dónde reposan estos procesos, que hasta hoy no han llegado a una conclusión definitiva.
Uno de los expedientes de mayor relevancia tiene que ver con el manejo del patrimonio de Air-e después de la intervención estatal. El proceso, identificado con el radicado 080016001257202511961, se encuentra en la Fiscalía 56 Seccional de Patrimonio Económico y otros asuntos.
La investigación se refiere a un presunto manejo irregular del patrimonio de Air-e luego del periodo de intervención por parte de agentes interventores y altos directivos de la compañía. En este figuran Diego Acosta, mano derecha de Edwin Palma y secretario general de Air-e durante la administración del entonces ministro, y Hernán Silva, su jefe de compras.
A este expediente se suma otro que involucra al entonces contador de Air-e, señalado en el documento como primo de Edwin Palma, quien fue agente interventor de la compañía. El proceso, bajo el radicado 080016001257202527435, está en la Fiscalía 36 Seccional de Patrimonio Económico y otros asuntos. Según se conoció, el contador habría falsificado presuntamente varios documentos y certificaciones para encubrir irregularidades.
Otro de los expedientes se encuentra directamente relacionado con la contratación realizada durante la administración de Edwin Palma como interventor.
Según el documento, existen dos radicados asociados al caso: 110016000102202500300, producto de una compulsa de copias de la Fiscalía 56 Seccional de Barranquilla, y 110016000102202500252. El asunto está en conocimiento de la Fiscalía 7 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá.
Por último, otro de los procesos penales relacionados con Air-e investiga presuntos hechos irregulares en un acuerdo entre Tania Peñaranda y Edwin Palma con la empresa Interaseo por una suma cercana a los 200.000 millones de pesos. El expediente, identificado con el radicado 080016001062202300147, está asignado a la Fiscalía 4 Local.
Tras el llamado de Abelardo De La Espriella a poner la lupa sobre estas presuntas irregularidades, aumenta la expectativa de que la Fiscalía entregue resultados sobre investigaciones y procesos que aún no tienen una conclusión definitiva. Entretanto, la Costa Caribe comienza a sentir los efectos de los apagones sectorizados, en medio de una intervención de Air-e cuestionada por su gestión y rodeada de denuncias por presuntos hechos de corrupción.