Ante el anuncio del presidente electo Abelardo De La Espriella sobre el pago de las deudas de Air-e, queda sobre la mesa el mal manejo que ha ocurrido en los últimos dos años que ha estado en manos del Gobierno, con el paso de seis diferentes interventores. SEMANA revela un informe elaborado por el contralor con funciones de la revisoría fiscal Colombia Tributa, fechado en mayo de 2026.
El dictamen corresponde al año 2025 sobre los estados financieros de Air-e S.A.S. E.S.P., año en el que la empresa tuvo tres interventores: Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía; Diana Bustamante y Nelson Vásquez.
La conclusión general fue una abstención de opinión, la calificación más severa que puede emitir un revisor fiscal: significa que el auditor no encontró evidencia suficiente para pronunciarse sobre si las cifras de la compañía reflejan razonablemente su realidad financiera.
Es justamente la misma decisión que tomó la firma Ernest Young, en el cierre del 2024, primer año de la intervención estatal, en el cual también se abstuvo de emitir opinión.
En contraste, como lo menciona el documento, para el año 2023 —último año en que Air-e fue operada por privados— Ernst & Young emitió una opinión sin salvedades.
Hallazgos
El documento identifica decenas de hallazgos sobre el manejo contable y administrativo de la empresa durante este periodo de intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Y opacidad en la información lo que también ha sido denunciado por gremios, la Procuraduria y la Contraloria.
El informe documenta un crecimiento abrupto en la contratación de personal temporal bajo el agente especial: cerca de 68 asesores y especialistas vinculados, de los cuales unos 25 reportaban directamente a esa dependencia.
El revisor fiscal fue explícito sobre el riesgo que eso representa, señalando la necesidad de que la administración “conserve evidencia suficiente de la necesidad del servicio, criterios de contratación, aprobación, asignación de funciones, seguimiento de actividades y evaluación de la ejecución contractual”.
Otro de los hallazgos más llamativos tiene que ver con un contrato de gestión social suscrito con la Fundación Oleoductos S.A.S. por 15.000 millones de pesos, del cual la empresa había reconocido $ 4.100 millones en costos antes de que, en febrero de 2026, la nueva agente interventora decidiera retener el pago y cancelar el contrato “atendiendo la situación financiera de austeridad de la Entidad”.
El revisor fiscal advirtió que esa reversión posterior no corrige el problema contable de fondo: los estados financieros de 2025 quedaron, según el dictamen, con “los costos del período (...) sobreestimados en $ 4.100 millones y el resultado del ejercicio subestimado por el mismo valor”.
Y se menciona el polémico acuerdo con Intereaseo, empresa del empresario William Velez, que fue suscrita a pesar de existir un litigio.
Según el documento “se tienen saldos a favor de ese tercero por $ 141 mil millones al 31 de diciembre de 2024. Dicho acuerdo no me fue suministrado debido a que la Administración ha manifestado que el documento contiene cláusulas de confidencialidad. No me es posible determinar el impacto que tenga dicho acuerdo sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2024”.
A esto se suman fallas de control interno que el dictamen describe sin matices: ausencia de arqueos integrales de caja durante todo 2025, diferencias persistentes entre el sistema contable y el sistema comercial, partidas conciliatorias bancarias con más de un año de antigüedad sin depurar, y registros de firmas autorizadas en cuentas bancarias que incluían a personas que ya no trabajaban en la empresa.
El revisor fiscal concluyó, en términos generales, que el sistema de control interno de la compañía no es adecuado en aspectos significativos ni suficiente frente al tamaño, complejidad, naturaleza y volumen de sus operaciones.
El dictamen también deja constancia de que la empresa no logró respuesta a un número considerable de las verificaciones externas que el auditor envió a terceros para confirmar saldos: de 34 solicitudes enviadas sobre cuentas por cobrar, no hubo respuesta de 31, por un valor de $123 mil millones; tampoco respondieron 16 entidades financieras circularizadas ni una entidad vinculada a una cuenta de inversión en el exterior por $ 1.708 millones.
El cuadro financiero de fondo explica por qué cada uno de estos hallazgos pesa tanto: Air-e registró pérdidas netas de $ 1.159.420 millones en 2025 y patrimonio negativo y en muchos meses los ingresos no alcanzaron a cubrir los costos operativos. El propio dictamen señala que, a la fecha de su emisión, “no se evidencia la existencia de una solución empresarial, un cronograma de transición ni una estrategia integral de mitigación de riesgos” para la compañía.
Esto es un nuevo capítulo de la durisima advertencia hecha por la Contraloría General de la República en días pasados. El ente de control señaló que el patrimonio habría tenido una reducción de más del 80 %.
“La disminución del patrimonio de 2.218.357 millones de pesos a 131.500 millones, en un solo periodo, refleja una pérdida significativa del valor patrimonial de la empresa, con un efecto directo en su solvencia y capacidad de inversión”, este fue uno de los hallazgos.
SEMANA fue el primero en revelar las presuntas irregularidades que se dieron durante la administración de Edwin Palma que llevaron a la fiscalía a compulsar copias ante los fiscales delegados ante la corte suprema de justicia contra el hoy ministro.
Palma, siendo interventor de Air-e, firmó un contrato marco sin valor inicial y vigencia indefinida que terminó favoreciendo a empresas presuntamente vinculadas a su jefe de compras, Hernán Alberto Silva. Una de ellas, Macro Integral Soluciones, ganó la licitación apenas un día después de haber sido constituida, y el consorcio resultante se llevó el contrato en menos de un mes.
Documentos revelados por SEMANA muestran que Silva y su esposa pagaron la constitución de esa empresa y de otra participante en la convocatoria, ambas con la misma dirección de domicilio que una firma presuntamente de su propiedad. El contrato ya había desembolsado más de $ 14.000 millones, en buena parte como anticipos, antes de ser suspendido y ordenada su terminación.
Adicionalmente, el contador de la empresa Air-e, sobre quien recae la mayor responsabilidad por las presuntas irregularidades del informe emitido por Colombia Tributa, es Juan Pablo Nieto Egea, primo hermano del ministro Edwin Palma Egea quien fue nombrado por Palma durante su paso como interventor de Air-e.