SEMANA conoció, en exclusiva, que la Fiscalía General de la Nación realizará una imputación de cargos relacionada con la crisis de Air-e. En esta ocasión, quienes serían llamados a responder ante la justicia son dos importantes funcionarios durante el periodo en el que el hoy ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, fue interventor.
De acuerdo con una comunicación oficial del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla, fue programada para el próximo 9 de julio de 2026 (mañana), a las 11 de la mañana, la audiencia de formulación de imputación contra Hernán Alberto Silva Doncel y Diego Acosta Osorio por el presunto delito de administración desleal, que implica condenas de entre cuatro y ocho años, aunque, en este caso, por los agravantes, podría estar entre seis y 10 años.
Doncel y Osorio fungieron como jefe de compras y secretario general durante la administración de Palma, quien fue el primer interventor que nombró el Gobierno en Air-e.
La denuncia penal que dio origen a esta actuación judicial fue presentada por quienes eran los accionistas de Air-e antes de la intervención de la empresa y hace parte de un conjunto de acciones penales dirigidas contra varios interventores, funcionarios públicos y particulares por presuntas irregularidades cometidas durante el proceso de intervención.
Estas denuncias se enmarcan en la presunta estrategia del Gobierno de estrangular el flujo de caja de las empresas de distribución de energía, lo que derivó en la intervención de Air-e.
Uno de los antecedentes más relevantes de la investigación que hoy es objeto de actuaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación fue revelado por SEMANA, que publicó documentos sobre un contrato presuntamente irregular, por cerca de 14.000 millones de pesos, suscrito durante la administración del entonces agente interventor Edwin Palma.
Tras la publicación de esta investigación, el contrato fue suspendido al evidenciarse presuntos vínculos entre la empresa contratista y el jefe del área de compras de Air-e, hoy llamado a imputación, y su esposa, así como posibles irregularidades en el proceso de contratación.
La publicación expuso documentos, actas y registros contractuales que posteriormente se convirtieron en uno de los principales focos de atención de los organismos de control y de la Fiscalía dentro de las investigaciones relacionadas con la intervención de la empresa.
También llevó a una compulsa de copias contra el actual ministro Edwin Palma, quien firmó el cuestionado contrato y ahora es investigado por fiscales delegados ante la Corte Suprema.
Según fuentes judiciales, la imputación contra el entonces jefe de compras, Hernán Silva, estaría relacionada con el papel que desempeñaba dentro del proceso contractual y con su presunto relacionamiento con las empresas favorecidas en la adjudicación del contrato, algunas de las cuales, según la investigación, tendrían presuntos vínculos con él y con su esposa.
En cuanto al entonces secretario general, Diego Acosta, señalan que su actuación es objeto de análisis por el rol que desempeñaba dentro de la organización y por las responsabilidades indelegables propias de su cargo, orientadas a garantizar que las actuaciones de la empresa se ajustaran al marco legal y regulatorio vigente.
La investigación avanza y vendrían nuevas decisiones frente a otros funcionarios por temas como presuntas administraciones desleales, irregularidades en contratación y pagos cuestionados, todo mientras se intenta liquidar la empresa, lo que podría implicar la eliminación de información.
La formulación de imputación no implica responsabilidad penal, sino el inicio formal del proceso penal frente a las personas señaladas.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ha cuestionado la corrupción del gobierno saliente, entre cuyos hechos estaría la intervención de Air-e.
En los últimos 22 meses desde la intervención, se han presentado cuestionamientos sobre presuntos sobrecostos en contratación, no conformidades de la revisoría fiscal, múltiples inspecciones de la Fiscalía por posibles manejos irregulares, contratos suspendidos entre los mismos interventores, denuncias por presunto nepotismo y el nombramiento del primo de Edwin Palma como contador de Air-e.
Una intervención que, al parecer, resultó más problemática para la empresa, con un dato que evidencia la magnitud del daño: la reducción de más del 90 por ciento del patrimonio de la empresa durante la intervención.