La empresa Air-e atraviesa la peor crisis de su historia. Tras casi dos años de intervención, los apagones constantes, el deterioro de la calidad del servicio, los ruidos de corrupción y la creciente incertidumbre sobre la continuidad del sistema eléctrico en la región Caribe llevaron a que la Contraloría General emitirá una “alerta” y anuncia un llamado especial contra la Superintendencia de Servicios Públicos, el Fondo Empresarial y Air-e.
Este pronunciamiento constituye probablemente el llamado institucional más grave realizado hasta ahora sobre el manejo de la intervención donde han pasado seis interventores en medio de denuncias y escándalos de presunta corrupción.
En dicho documento, la Contraloría advierte sobre riesgos de insolvencia, descapitalización progresiva, deterioro de la calidad del servicio, pérdida de recursos públicos y hasta un posible riesgo sistémico para el mercado eléctrico colombiano.
El deterioro financiero descrito por la Contraloría es alarmante. Por ejemplo, reporta que se ha dado una disminución del patrimonio de 2,2 billones a 131 mil millones en un solo año, lo que representa la reducción del 94 % y lleva a tener un “efecto directo sobre la solvencia y capacidad de inversión”.
El documento señala que la intervención se ha caracterizado por “mayores costos y menores inversiones” que han generado disminución en la calidad del servicio y crecientes impactos socioeconómicos y “una creciente alza en las tarifas de energía” lo que llevó a un “incremento a la pobreza monetaria de los hogares” del Caribe y también “frenó el desarrollo comercial” de la región.
Se explica que la cartera de Air-e supera los 6 billones de pesos y más del 73 % corresponde a obligaciones con más de un año de antigüedad. La propia Contraloría advierte que la empresa ya depende de recursos públicos para sobrevivir, lo que no fue el caso durante los cuatro años previos a la intervención.
La Contraloría reconoce que la falta de inversiones ha generado impactos técnicos y sociales significativos, traducidos en interrupciones recurrentes del servicio, demoras en soluciones de infraestructura y deterioro de indicadores como Saidi y Saifi, los cuales miden las interrupciones del servicio.
Esto resulta especialmente grave si se tiene en cuenta que, antes de la intervención, la empresa —según indicadores de la Superintendencia de Servicios Públicos— había logrado avances importantes precisamente en esos indicadores.
También se afirma que no se evidencia la existencia de un “plan de choque integral y estructural” para resolver la crisis financiera y operativa de Air-e.
SEMANA denunció los contratos con empresas relacionadas con el jefe de compras de Air-e cuando Edwin Palma era interventor y que llevó a una compulsa de copias por parte de la Fiscalía ante los delegados de la Corte Suprema de Justicia contra el ministro.
Adicionalmente, existe una larga lista de denuncias públicas alrededor del manejo de Air-e intervenida. Por ejemplo, en plena crisis financiera y mientras la empresa enfrentaba crecientes dificultades operativas, se disparó la burocracia mediante la creación de nuevos cargos directivos y administrativos.
Paralelamente, surgieron investigaciones y cuestionamientos sobre compras de transformadores e insumos con aparentes sobrecostos millonarios, que hoy son objeto de revisión pública.
También se denunciaron casos de nepotismo dentro de la intervención, por ejemplo, el nombramiento del primo del entonces interventor Edwin Palma como contador de la empresa, quien posteriormente fue denunciado por presuntamente maquillar las cifras de Air-e.