La Fiscalía asegura contar con todos los elementos probatorios para obtener una condena contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. Sin embargo, sostiene que las actuaciones de la defensa han dificultado el desarrollo de las audiencias. Así ocurrió este miércoles, luego de una decisión judicial que aplazó nuevamente el proceso.
Las audiencias en este caso, considerado el más relevante contra el protagonista del escándalo de sobornos a funcionarios públicos, no avanzan. El fiscal del caso ha tenido que aceptar, en respeto a la judicatura y al procesado, aplazamientos, suspensiones y excusas médicas que, según advierte, se han convertido en la herramienta más efectiva para la impunidad.
Cuando se suponía que la Fiscalía había logrado destrabar el proceso, tras meses de retraso para llegar a la etapa de juicio, una nueva solicitud de la defensa volvió a aplazar las audiencias. Algunos elementos de prueba pendientes de ser descubiertos obligaron al juez del caso a suspender la audiencia preparatoria.
“Permanentemente, estamos en audiencias y reprogramar o aplazar audiencias, luego de una acusación desde el mes de noviembre, pues eso podría llevar a dificultades… Debemos indicar que lo procedente será suspender la audiencia por un indebido descubrimiento de los elementos de prueba”, señaló el juez.
Para el juez, el riesgo de prescripción del proceso es evidente, debido a los constantes aplazamientos de las audiencias y a la alta carga laboral de la judicatura, que impide adelantar las diligencias en los tiempos que establece la ley. El llamado de atención del juez fue contundente.
“Al margen de las observaciones que se han efectuado y que aún en esta videoconferencia respecto de la falta de descubrimiento y evidencias que van a ser utilizadas que fueron legalizadas, quedando entonces pendientes única y exclusivamente el tema relacionado con el descubrimiento de esas dos grabaciones”, explicó el juez.
El problema para la justicia es que el proceso contra el señalado cabecilla de la red de contrabando, el mismo que, según la Fiscalía, sobornó a decenas de funcionarios adscritos a la Policía Fiscal y Aduanera, enfrenta un riesgo de impunidad, irónicamente por cuenta de las mismas reglas de la justicia.
Desde que se realizaron los operativos y las investigaciones que llevaron a la cárcel a los principales socios del señalado cabecilla, las actuaciones de la justicia se han convertido en un ejemplo de impunidad. Muchos de los procesados recuperaron la libertad, incluso por vencimiento de términos.