La Contraloría General de la República presentó el balance de cuatro años de control y vigilancia fiscal y puso sobre la mesa una cifra que, a primera vista, parece suficiente para sacar pecho: $22,7 billones recuperados entre 2022 y 2026. Pero detrás de ese número hay otro conjunto de cifras que obliga a mirar con más cuidado qué ocurrió con los recursos públicos durante ese periodo.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, explicó que durante el cuatrienio el organismo logró $4,41 billones mediante procesos de resarcimiento al patrimonio público, superando ampliamente la meta de $1 billón que se había fijado la entidad.
De ese monto, $3,74 billones correspondieron al recaudo de cobro coactivo, es decir, recursos que se recuperan después de que se profieren fallos dentro de los procesos de responsabilidad fiscal y comienza la etapa de cobro.
Otros $660.000 millones fueron recuperados mediante resarcimientos realizados antes de que terminaran los procesos, mientras que $20.000 millones correspondieron a procesos penales. A esto se sumaron $1,25 billones asociados a beneficios de auditoría.
Pero el balance no termina ahí. La Contraloría aseguró que otros $7,44 billones corresponden a beneficios derivados del Control Concomitante y Preventivo, realizado principalmente a través de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI).
Y hay una cifra que llama especialmente la atención: $9,6 billones recuperados mediante la estrategia ‘Salvando Obras’. La iniciativa buscó intervenir proyectos que habían quedado inconclusos, haciendo seguimiento junto con las comunidades para conseguir que fueran retomados o terminados.
Mientras unas cifras hablan de dinero recuperado, otras muestran el tamaño de los recursos que estuvieron bajo vigilancia. Durante estos cuatro años se abrieron 5.315 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $21,72 billones y se profirieron 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por $3,37 billones.
Además, la Contraloría constituyó 6.261 hallazgos fiscales por $28,2 billones.
El universo vigilado también creció de manera considerable. En 2022, la entidad auditaba cerca de $737 billones, mientras que para 2026 la cifra llegó a $1.030 billones.
Para llegar a estos resultados se realizaron 4.127 actuaciones de fiscalización, entre ellas 920 auditorías financieras, 1.773 auditorías de cumplimiento, ocho auditorías de desempeño y 288 actuaciones especiales de fiscalización.
El organismo también realizó 1.074 seguimientos permanentes a recursos públicos por $429 billones como parte del Control Preventivo y Concomitante.
Pero si hay un apartado del balance que puede generar mayor inquietud es el relacionado con las advertencias. La Contraloría emitió 46 alertas por $38,1 billones frente a posibles riesgos fiscales.
Entre ellas estuvo la situación de las finanzas públicas y el crecimiento de la deuda. La entidad recordó que en 2022 había advertido sobre un cierre de deuda de $1.033 billones, equivalente al 70,6 % del PIB, una situación que, según el organismo, volvió a ser señalada en 2026 ante el crecimiento del endeudamiento.
El resultado presentado por la Contraloría deja así dos caras de una misma historia: por un lado, miles de millones que, según el organismo, lograron regresar al patrimonio público o fueron salvados antes de convertirse en pérdidas; por el otro, billones de pesos asociados a hallazgos, procesos y riesgos fiscales.
La entidad aseguró que continuará fortaleciendo el control fiscal, con énfasis en anticiparse a posibles daños y recuperar recursos cuando estos ya se hayan producido.