Fueron en total 47 los bienes objeto de extinción de dominio de parte de la Fiscalía y que harían parte del patrimonio ilícito de una red delictiva señalada de facilitar el tráfico de migrantes y ocultar, administrar e incrementar los recursos provenientes de esta actividad ilícita.
Los bienes que fueron afectados en estos operativos adelantados por la fiscalía fueron adquiridos a través de las actividades ilícitas de esta organización criminal dedicada a movilizar migrantes por el golfo de Urabá y de distintas nacionalidades, que terminaban metidos en lanchas, a veces a la deriva.
“Los activos afectados, avaluados preliminarmente en 29.106 millones de pesos, están representados en ocho inmuebles, tres sociedades, cuatro establecimientos de comercio, ocho vehículos y 24 embarcaciones, que estarían al servicio de la organización delincuencial para garantizar el transporte irregular de extranjeros desde las costas del golfo de Urabá hasta Centroamérica”, dijo la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, casi un millón de ciudadanos terminaron sometidos a la red de traficantes de migrantes, a quienes les cobraban millonarias sumas de dinero por movilizarse hasta Panamá como parte del peligroso recorrido, sin ninguna clase de garantía para las víctimas de esta red.
“Los elementos materiales probatorios obtenidos en la investigación indican que parte de las propiedades también habrían sido adquiridas para ocultar y evitar el rastreo de los dineros obtenidos por el traslado irregular de, por lo menos, 800.000 ciudadanos de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica, China y otros países”, dijo Juan Felipe Cárdenas, director de extinción de dominio.
Las medidas cautelares decretadas por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio fueron materializadas en diligencias realizadas de manera articulada con unidades de la Dijín de la Policía Nacional en Medellín, Apartadó y Necoclí (Antioquia); Unguía y Quibdó (Chocó).