Luego de la orden de revocar cerca de seis millones de comparendos y de la apertura de investigaciones a 37 organismos de tránsito por presuntas irregularidades, surge una nueva disputa en el sector transporte. Esta vez, dos entidades del Gobierno de Gustavo Petro se enfrentaron a puerta cerrada en torno a los recursos de la seguridad vial, llevando sus diferencias hasta la Procuraduría.
SEMANA conoció un cruce de oficios, respuestas y constancias internas que reconstruyen el pulso entre la Superintendencia de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Los documentos muestran requerimientos, un portazo y la posterior visita administrativa que encendió las alarmas dentro de la agencia.
El 21 de abril de 2026, Alberto Daza, superintendente delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor, envió un oficio a Mariantonia Tabares, directora de la ANSV, en el que solicita información de los ingresos de la entidad de 2015 a 2025.
En el oficio, Daza se refiere a la ANSV como una entidad que “percibe ingresos derivados de los organismos de apoyo al tránsito y de los seguros obligatorios”, por lo que sería objeto de vigilancia.
El objetivo de la Superintendencia queda claro en el documento: llevarse el derecho a la contribución especial de vigilancia, que corresponde a un porcentaje de los ingresos. Es decir, miles de millones de pesos del Fondo Nacional de Seguridad Vial.
Dos días después, la misma directora de la agencia respondió que la ANSV “no actúa como prestador del servicio público de transporte, ni como operador de infraestructura, ni como organismo de apoyo al tránsito”, y que, por el contrario, formula políticas para el sector.
La directora Tabares asegura que, efectivamente, recibe el 3 por ciento de los recursos del Soat, así como otros recursos de los organismos de apoyo al tránsito, pero que estos no se derivan de “una actividad económica”.
“Con estos recursos solo se pueden financiar los gastos de funcionamiento y de inversión”, agregó la directora en el oficio.
De esa forma, declaró “improcedente” la solicitud de vigilancia, dado que, según ellos, “desborda el alcance previsto en la ley”.
En un oficio directo a Alfredo Enrique Piñeres, superintendente de Transporte, desde la ANSV se pide revisar unas actuaciones administrativas desplegadas para obtener la información que en principio se les negó.
En el documento reportan que el pasado 6 de mayo, a las 3:30 de la tarde, llegaron dos funcionarios de la SuperTransporte a las instalaciones de la entidad, dada la falta de respuesta al oficio de solicitud de información. La ANSV alega que no fue notificada de la visita, a lo que los funcionarios respondieron que no requerían de ello.
Fue cuando, minutos después, mostraron en un celular un oficio de la visita: “No se especificaba de manera clara qué información debía recopilarse ni el propósito de la visita administrativa”.
“Por lo tanto, la actuación que origina la de la presente comunicación no solo evidencia una posible extralimitación funcional por ausencia de competencia material frente a la ANSV, sino también por la pretermisión de requisitos mínimos de delimitación, motivación y conexidad exigibles para el desarrollo de una visita administrativa respetuosa del debido proceso”, manifestó la entidad en la queja.
Finalmente, la misma fue remitida a la Procuraduría General de la Nación para que se revise el actuar de la Superintendencia. Mientras se busca anular multas de tránsito en las regiones, se desata una nueva guerra entre entidades del sector en busca de vigilar recursos de la seguridad vial.
SEMANA intentó comunicarse con Mariantonia Tabares, directora de la ANSV, y con el superintendente Alfredo Enrique Piñeres, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta de parte de los funcionarios.