En inmediaciones del Parque Mundo, el centro de operaciones de la Primera Línea, sigue oliendo a terror. Lo dicen quienes ni siquiera se atreven a mandar a sus hijos por una bolsa de leche a la tienda, por miedo a que los roben. Lo confirman jóvenes, niños y mujeres.

Una de ellas, quien pidió reserva de su identidad y que terminó con su casa destrozada, primero por los desmanes que protagonizó la Primera Línea y luego por una retaliación cuando los denunció públicamente, está al borde de un nuevo colapso físico y mental, al lado de su hija adolescente, tras saber que sus verdugos serán ahora gestores de paz.

Hoy amaneció más devastada que nunca, tras conocer el decreto del Gobierno que alista los detalles para que sus victimarios vuelvan a las calles.

“Me parece indignante que el señor presidente diga que los señores de la Primera Línea tienen que salir, ¿Dónde está la justicia?, ¿Dónde está la ley colombiana? Nuestras casas y el comercio están destrozados, mi pregunta es ¿Quién nos paga esos daños que nos hicieron los señores de la Primera Línea? Estamos enfermos psicológicamente, estamos secuestrados en nuestras propias casas”, explica.

Asegura que el sector continúa al garete, que la primera línea sigue controlando el microtráfico y la extorsión a los pequeños comerciantes, y que la Policía relata en voz baja que está maniatada porque no le permiten actuar con contundencia para proteger a la gente de bien.

“Estamos pidiendo a gritos justicia y que nos escuchen, ¿Dónde está el acompañamiento de la señora alcaldesa, que dice que ya nos dio la indemnización de los años y perjuicios que nos hicieron los de la Primera Línea? ¡No hemos recibido un peso, por Dios ¡”, asegura vociferante.

Otro de los líderes de uno de los barrios vecinos, y quien también pidió reserva de su identidad, se declaró sorprendido por el video en el que el senador Gustavo Bolívar se reúne con la primea línea, y confirmó que los responsables de asesinatos y terrorismo han diversificado todos sus negocios criminales en llave con bandas que trabajan para el denominado Tren de Aragua.

Y reveló que ahora son testigos de episodios inauditos que demuestran que las actividades ilegales continúan afectando a todos los habitantes sin miramientos ni excepciones.

“Algunas personas que tienen sus vehículos taxis por acá en el sector, que los tienen de trabajo y todo, les han robado el carro y han tenido que pagar extorsión para que se los devuelvan; el tema lo manejan muy callado, pero sí tenemos evidencia de que ha ocurrido, de tres taxis que han extorsionado. Todo esto es por el control territorial que maneja esta gente “.

El hombre le confirmó a Semana que la Primera Línea sigue cobrando peajes de entre 500 y 700 pesos a las personas por entrar y salir de ciertos sectores a pie, que cobra vacuna a muchos los vehículos de carga por dejar mercancías y alimentos y que la gente entró en pánico al saber que, si antes tenían un poco de recato para actuar, ahora que serán gestores de paz estarán, más que nunca, operando a sus anchas, sin Dios ni ley.

“Se dedican a delinquir, a fomentar el caos bajo el chantaje que están utilizando. Y el Gobierno vino aquí a intervenir contra la fuerza pública, no permitiendo ejercer como el control, que supuestamente todo es bajo el diálogo, bajo una premisa que para nosotros, pues lo que vemos, es permisividad, es ser permisivos con unos delincuentes que no van a cambiar”, asegura.

La situación es tan crítica que desde hace meses enteros decenas de vecinos están vendiendo o arrendando sus casas para irse a un lugar tranquilo dónde vivir; de hecho, en uno de los cuatro conjuntos que Semana visitó hay 12 carteles pegados en las ventanas de viviendas desocupadas. Las pocas familias que se quedaron sienten ese olor a pánico entrar a diario por debajo de sus puertas.