Revista SEMANA reveló en su edición impresa de este fin de semana que el abogado Walter Francisco Martínez, el único capturado después del megaoperativo que adelantaron las autoridades para allanar un centenar de tiendas de Lili Pink, ya había tenido disputas con la Dian por reclamar mercancía ilegal decomisada.
Por su conocimiento en derecho, el abogado fue señalado como uno de los cerebros que habría liderado la operación ilegal, además, la Fiscalía lo acusó de ser el representante legal de por lo menos siete empresas de papel que habría utilizado para darles apariencia de legalidad a las operaciones de la marca.
Pues en enero de 2022 el nombre de Martínez apareció en el radar de las autoridades después de que pidió la devolución de una mercancía avaluada en más de 1.000 millones de pesos que fue decomisada a la empresa Valmares Importaciones S.A.S. en Santa Marta.
En ese momento, el abogado capturado cuestionó el operativo de la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección de Aduanas de dicha ciudad, pero la DIAN rechazó su petición de devolución de la mercancía al argumentar que no contaba con los requerimientos y el papeleo exigido, por lo que concluyó: “Era contrabando”.
¿Qué dice Lili Pink?
Con esa nueva información revelada por esta revista, la empresa Fast Moda S.A.S., la razón social detrás de Lili Pink, por medio de su apoderado legal Iván Cancino, respondieron a la relación que habrían tenido en el pasado con el cuestionado abogado Walter Martínez.
Cancino empezó aclarando que sobre las siete empresas de papel que habría utilizado Martínez para darle apariencia de legalidad a las operaciones de la marca, según la Fiscalía, “no existió aprehensión de mercancía” por falta de papeleo legal para ingresar al país en medio de esas operaciones comerciales.
También explicó que la “relación existente entre nuestras compañías y las empresas representadas por el señor Walter Martínez” fue “estrictamente” comercial y de proveedor - cliente, que se dieron durante operaciones desarrolladas en varios años.
Fast Moda S.A.S también insistió que las compañías proveedoras con la que tuvo algún tipo de relación comercial eran sociedades “formalmente constituidas”, destacando que siempre entregaban facturación y documentación correspondiente a los requisitos que se aplican para este tipo de operaciones comerciales.
El abogado de Lili Pink destacó que la estructura operativa y contractual de esos negocios le dejaba la responsabilidad a las compañías proveedoras de asumir los procesos y responsabilidades de importación, nacionalización, aspectos aduaneros, cambiarios, revisiones, y manejo documental de la mercancía por los servicios que ofrecía dentro de la cadena de comercio exterior.
Este nuevo capítulo se conoce varias semanas después de que la Fiscalía, el CTI y el Ejército ocuparon más de 400 tiendas de la marca de ropa interior femenina con fines de extinción de dominio en una investigación por los delitos de lavado de activos y contrabando.