El lío de Hidroituango tiene frentes de batalla en todos los entes de control, pero pocos resultados concretos a pesar de su gravedad y urgencia. Los enredos del proyecto permanecen en voluminosos expedientes, intrigas, billones de pesos y una megaobra atrasada y bajo sospecha. Los entuertos legales aparecieron desde antes de la adjudicación de la hidroeléctrica en 2009. Pero la pregunta sobre quiénes deben asumir la responsabilidad hasta ahora sigue sin respuesta oficial.
En la Fiscalía las cosas son inquietantes. A finales de 2017, en los despachos del búnker empezó a correr información sobre presuntos sobornos en el proceso de adjudicación. Las versiones provenían del expediente de Odebrecht. El exviceministro Gabriel García Morales y el lobista Federico Gaviria, hoy condenados, decían saber de coimas en la convocatoria para la asignación de la central hidroeléctrica; sin embargo nunca dijeron nada concreto y parecía que solo estaban sondeando qué beneficios ganarían de hablar sobre el asunto. Sin embargo, el anuncio dio para abrir una indagación preliminar. El entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, experto en derecho contractual y relaciones jurídico negociales, consideró necesario, por lo complejo y vasto del tema, destacar un fiscal que se dedicara en exclusivo al asunto. El punto de arranque era que al parecer en 2009, cuando la junta directiva de Hidroituango decidió adjudicar el proyecto, se presentaron maniobras ilegales. El negocio se concibió bajo el modelo de Boomt; es decir que el adjudicatario debía construir, operar, mantener, explotar comercialmente y devolver a los 50 años la central. Luego de una convocatoria en la que iba punteando una firma china hubo un viraje y EPM (dueña del proyecto con la Gobernación de Antioquia) terminó quedándose con la adjudicación para el desarrollo íntegro del proyecto. La fiscal asignada tenía que analizar documentos y cruzar las composiciones societarias con los nombres de representantes legales y de accionistas. El expediente creció y acumuló 30 cuadernos con cerca de 280 folios cada uno.
En febrero de 2019, la funcionaria convocó a audiencia de imputación a Luis Guillermo Gómez Atehortúa, gerente de Hidroituango, y a Luis Javier Vélez Duque, gerente de EPM Ituango para la época de los hechos, por el presunto delito de contratar sin cumplimiento de requisitos legales. La misma fiscal también tenía a cargo otra línea relacionada con la contratación y la ejecución de las obras. En efecto, EPM tercerizó el proyecto y ganó el consorcio CCC Ituango, conformado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H con una propuesta cercana a 1,88 billones de pesos, la más económica de los cuatro proponentes. En la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, área de Delitos Ambientales, había otro equipo consagrado al tema. Se trataba de un fiscal titular, dos de apoyo y 13 investigadores expertos en varias disciplinas, todos asignados de manera exclusiva. Durante un año este grupo recopiló montañas de documentos relativos al impacto ambiental de la obra. Su trabajo se hizo aún más relevante luego de la crisis desatada en abril de 2018 por el taponamiento de un túnel conocido como la Galería Auxiliar de Desviación (GAD). Justo el 12 de mayo de 2018, la GAD sucumbió a la presión, por lo que se triplicó el caudal. Las aguas desatadas echaron abajo tres puentes y 24 casas en el corregimiento de Puerto Valdivia. Hubo más de 100 familias damnificadas. Además produjo un daño ambiental de consecuencias aún por determinar. Días después el túnel se taponó y el embalse empezó a crecer descontroladamente sin que el muro de presa estuviera terminado.
La compañía se vio obligada a inundar el cuarto de máquinas, corazón del proyecto, para desviar el caudal del río Cauca y evitar una catástrofe. Para maniobrar la contingencia, Hidroituango abrió y cerró compuertas, lo que alteró los niveles mínimos y máximos del caudal del río Cauca. Cuando las autoridades trataron de entender lo sucedido, supieron que la GAD no estaba en los diseños originales y que empezaron a construirlo sin licencia ambiental. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) aseguró que EPM había ocultado información. En medio de todo, los investigadores hicieron una inspección judicial en diciembre de 2019 y consiguieron una copia espejo del computador máster de EPM –20 teras–, con lo cual podrían ver los correos que cruzaron los directivos. Para febrero de 2020, luego de más un año de trabajo, estaba lista una nueva imputación contra tres altos ejecutivos. SEMANA conoció el borrador. El texto concluye que “los presuntos responsables de estos daños son los ejecutivos de EPM que participaron en la adopción de distintas decisiones, particularmente cambiar los diseños e implementar un tercer túnel de desviación, decisiones que incluyó la ejecución de las obras subterráneas de la GAD sin contar con la licencia previa”. Sin embargo, la diligencia no se llevó a cabo.
Poco después de asumir el búnker en febrero pasado, Francisco Barbosa ordenó reasignar todos los expedientes relacionados con Hidroituango. Ahora los complejos legajos están en el despacho de una fiscal delegada ante la Corte Suprema, a quien solo hacer una lectura rápida de lo esencial le puede tomar un año. Al prontuario se acaba de sumar “el documento oculto” que el miércoles entregó el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en la Fiscalía. Se trata de un informe de 98 páginas que estuvo desaparecido por un año. “Lo ocultaron los interesados en que no se conociera la verdad, que no se demandara a los contratistas y que no avanzaran los procesos en Fiscalía, Procuraduría y Contraloría”, dijo Quintero.
Advanta Global Services, una de las firmas más calificadas del mundo en análisis de siniestros, produjo el informe, escrito en inglés. Aunque lo contrataron las directivas de Hidroituango y las aseguradoras del proyecto, apareció apenas hace unos días. Por otra parte, la Contraloría abrió en noviembre un proceso por responsabilidad fiscal a 34 presuntos responsables por una posible afectación de recursos públicos de cerca de 4,1 billones de pesos. Entre los vinculados están tres representantes legales de EPM, dos exalcaldes de Medellín y dos exgobernadores de Antioquia. También figuran personas jurídicas como las aseguradoras Mapfre y Suramericana. La Contraloría estima que hay comprometidos 2,9 billones de pesos por inversiones no justificadas y que el Estado ha dejado de percibir 1,1 billones por cuanto la hidroeléctrica no comenzó a operar en la fecha planeada (1 diciembre de 2018). La Procuraduría tiene tres investigaciones en curso para determinar las posibles irregularidades presentadas en el proyecto, su control y vigilancia. La pregunta más espinosa es si todo eso propició la contingencia social, económica, contractual y ambiental presentada desde abril de 2018.
Esa investigación vincula a 25 funcionarios y exfuncionarios de EPM, de la Anla, alcaldes de Medellín, exgobernadores de Antioquia y miembros principales de la junta directiva de Hidroituango, su secretario general y miembros de la junta directiva de EPM. Además, la Procuraduría requirió a la Alcaldía de Medellín y a EPM para que alleguen un informe respecto de la determinación y procedencia de demandar a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango. De igual manera, ordenó a la junta directiva de Hidroituango aportar las actas de reunión en las que tomaron decisiones clave para el proyecto desde 2018. Las ‘ías’ evidentemente tienen un vasto cúmulo de información y aunque hay avances falta lo más crucial: resultados concretos frente a las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias por el descalabro de Hidroituango. El país aguarda expectante.