Una serie de millonarios procesos contractuales impulsados por la administración encargada de Tunja, a pocos días de las elecciones atípicas para escoger alcalde, desató cuestionamientos por presuntas irregularidades en su estructuración y por el impacto presupuestal que tendrían sobre el gobierno que aún no ha sido elegido.
El principal de los procesos corresponde a un contrato por $10.000 millones para la organización del Aguinaldo Boyacense 2026, considerado el evento cultural más importante de la capital boyacense. Según la documentación conocida, el proceso avanzó cuando restaban apenas cinco días para finalizar la administración encargada de María Paula Jiménez Gómez y antes de que los ciudadanos eligieran al mandatario que gobernará los próximos 15 meses.
De acuerdo con el informe, el contrato se adelantaría mediante un esquema de contratación con una entidad sin ánimo de lucro (ESAL), mecanismo que, según los cuestionamientos planteados, no correspondería a la naturaleza de un contrato para la producción integral de un evento masivo. El expediente señala que el objeto incluye la contratación de artistas, tarimas, sonido, iluminación, logística, producción audiovisual y demás servicios propios de un espectáculo de gran formato.
Otro de los aspectos que genera inquietud es el incremento del presupuesto destinado al Aguinaldo Boyacense. Mientras en 2021 la inversión fue de $744 millones y en 2022 alcanzó los $925 millones, para 2023 la agenda cultural representó $2.143 millones. Ahora, la propuesta contempla una inversión de $10.000 millones para un solo evento, de los cuales más del 76 % estaría destinado a la contratación de quince artistas nacionales e internacionales.
El documento también sostiene que el operador privado seleccionado no solo administraría los recursos públicos destinados al festival, sino que además tendría a su cargo la explotación comercial del evento mediante la venta de boletería, alimentos, bebidas y patrocinios, concentrando así las principales fuentes de ingresos generadas por la celebración.
Entre las observaciones formuladas aparecen presuntas inconsistencias en el estudio de mercado. Se advierte que las tres cotizaciones utilizadas para estructurar el presupuesto fueron elaboradas el mismo día, presentan formatos similares e incluso reproducen textos idénticos, incluidos errores de digitación. Además, una de las propuestas coincide exactamente con el promedio matemático de las otras dos, situación que el informe califica como inusual.
A ello se suman posibles errores detectados en los documentos previos del proceso, entre ellos referencias a normas que no guardan relación con el objeto contractual, inconsistencias en el Plan Anual de Adquisiciones y requisitos financieros aparentemente incompatibles. También se cuestionan algunas exigencias de experiencia para los oferentes y el corto plazo de cinco días otorgado para presentar propuestas en un contrato de esta magnitud.
El informe también hace referencia a un segundo contrato por $850 millones destinado a la organización del Día del Campesino, cuya ejecución estaba prevista para realizarse apenas 24 horas antes de las elecciones atípicas del 26 de julio, convirtiéndose en otro de los procesos que concentra la atención de distintos sectores.
Según la documentación, estas decisiones contractuales fueron adoptadas durante la administración transitoria designada por el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, mediante decreto del 5 de mayo de 2026. El informe plantea que el próximo alcalde deberá ejecutar compromisos presupuestales estructurados antes de su elección, lo que ha motivado cuestionamientos sobre la conveniencia y oportunidad de dichas actuaciones administrativas.
Finalmente, se conoció que toda la documentación fue remitida a la Oficina de Control Interno de Gestión de la Alcaldía de Tunja y a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Asimismo, la Contraloría General, la Procuraduría, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría Municipal podrán evaluar el expediente para establecer si existen méritos para abrir investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscales o penales. El documento aclara que las presuntas irregularidades deberán ser verificadas y calificadas exclusivamente por las autoridades competentes.