Mientras distintos sectores de la sociedad y de la política colombiana han salido a rechazar los bombardeos donde han muerto varios menores de edad en Arauca y Amazonas, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Néstor Osuna, quien fue ministro de Justicia del presidente Petro, salió explicar qué pasa con los menores de edad reclutados por grupos criminales que se enfrentan a la fuerza pública.
Osuna afirmó que “el derecho internacional humanitario habla de que los niños reclutados como militares siguen siendo niños, pero también son combatientes. Y, por lo tanto, si se trata de un combate militar, se les aplica el régimen de los combatientes, es decir, se pueden combatir y la responsabilidad por haber reclutado menores es exclusiva de quien los ha reclutado, no del ejército que los combate”.
La Procuraduría General de la Nación abrió este martes 18 de noviembre, cinco indagaciones preliminares sobre esos bombardeos para corroborar que las Fuerzas Militares y el sector Defensa, cumplieron codos los protocolos de precaución de humanidad, antes de ejecutar esas operaciones militares que dejaron más de una docena de adolescentes muertos.
“Si en el desarrollo de una operación militar una estructura criminal está utilizando como combatientes a menores de edad y el ejército neutraliza a toda esa estructura criminal y ahí había combatientes niños y terminan dados de baja, la responsabilidad, porque sean niños, es sol de la estructura criminal, no de la fuerza militar", aclaró el procurador delegado para los Derechos Humanos.
Sin embargo, entidades como la Defensoría del Pueblo le han pedido al presidente Gustavo Petro que “suspenda los bombardeos” contra objetivos militares donde puedan hallarse menores de edad víctimas de reclutamiento, un fenómeno que parece crecer a la par de la expansión de diferentes grupos armados y la oleada de violencia en el país.
De hecho, el procurador Osuna aclaró que la presencia de menores de edad durante un bombardeo es una situación mucho más “compleja”, pues tendrán que determinar si esa acción era parte de una operación en curso o si fue un combate que terminó en la acción de bombardear.
El procurador Osuna confirmó que tras la apertura de las indagaciones se decretó una serie de pruebas que serán practicadas en los próximos días, para determinar cómo se planeó el operativo, las alternativas que había y el desarrollo de las operaciones.
Todo eso lo adelantará la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y la Dirección de Investigaciones Especiales, quienes se dirigirán hasta la zona de las operaciones militares para obtener testimonios, fotos y todas las pruebas en este caso.