Ya está lista la fecha y hora en la que la Fiscalía General escuchará en interrogatorio al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros.
Esto, en medio de la investigación que se adelanta en su contra por las omisiones en el otorgamiento de medidas de seguridad al senador y precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado sicarial cuando daba un discurso en el barrio El Golfito, en el occidente de Bogotá.
Rodríguez deberá presentarse el próximo miércoles, 30 de abril, a las 10 de la mañana, en compañía de su abogado, al búnker de la Fiscalía General.
En varias oportunidades, el funcionario manifestó que solicitó esta diligencia judicial ante el ente investigador.
El interrogatorio se fijó después de que en enero pasado, por un tecnicismo, se cancelara la audiencia de imputación de cargos contra el director de la UNP.
Esto debido a que la audiencia había sido solicitada por una fiscal que no podía adelantar el caso, teniendo en cuenta el fuero con el que cuenta el funcionario.
Rodríguez fue denunciado por el apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay, quien reclamó que, pese a las peticiones por aumentar el esquema de seguridad y protección, nunca se tomó una decisión de fondo.
En los primeros meses del año 2025, explicó el abogado Víctor Mosquera, se presentaron 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad para Miguel Uribe Turbay, después de que anunciara su precandidatura presidencial, y desde la entidad adscrita al Ministerio del Interior no se adoptaron acciones para protegerlo.
“La última se presentó el 5 de junio. En estas solicitudes se establecía por qué al candidato presidencial se le debía dar la protección adecuada”, precisó el jurista.
Para el apoderado de la familia del dirigente político del Centro Democrático, la misma UNP ya había advertido en 2023 sobre los riesgos de seguridad de Miguel Uribe Turbay. Sin embargo, un año después, cuando el senador hizo pública su precandidatura a la Presidencia, no se le realizó un nuevo estudio de seguridad, ni se tuvo en cuenta que su esquema de protección debía ser robustecido.
“Esto es muy grave porque tenemos que identificar si fue por omisión que se presentaron estos hechos. Desde el 5 de junio se sabía que al precandidato tenían que reforzarle su seguridad”, aclaró el abogado.
En cada una de las peticiones, la UNP contestaba que “no representaba un riesgo” y que “no podían colaborarle con sus desplazamientos”.
Desde la UNP justificaron su decisión al señalar que Miguel Uribe Turbay era un “precandidato”, figura para la cual no existía un protocolo de medidas de protección.
El congresista fue víctima de un atentado en medio de un evento político en el barrio El Golfito, en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.
Por estos hechos se han emitido cuatro sentencias contra personas que aceptaron mediante un preacuerdo su participación en la logística para el atentado. Igualmente, fue sancionado el menor de edad que le disparó en dos oportunidades.
Como lo reveló en exclusiva SEMANA, detrás de la planeación de este asesinato estuvo la Segunda Marquetalia, situación que motivó que se expidieran varias órdenes de captura en contra de sus comandantes, entre los que se encuentran alias Iván Márquez y el Zarco Aldinever.