El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, se sumó a su colega Antonio Sanguino y radicó una nueva denuncia en la Corte Suprema de Justicia contra tres congresistas que habrían incentivado una intervención militar extranjera, después de la captura de Nicolás Maduro y de las pullas del presidente Donald Trump contra Gustavo Petro.
La denuncia, señala el documento, es contra “los senadores Jhonatan Ferney Pulido Hernández (JP), María Fernanda Cabal y la representante a la Cámara, Lina María Garrido”, y argumenta que es por, “las aseveraciones delictuosas perpetradas por los acá denunciados en la plataforma X, posterior a la intervención militar que realizó el gobierno de Estados Unidos en Venezuela contra el presidente Nicolás Maduro”.
Para el ministro de Justicia el asunto no es menor, pues los mensajes publicados por los congresistas opositores constituyen un llamado a acciones militares como la ocurrida en Venezuela, cuando fue capturado Nicolás Maduro.
“Incluyen exhortaciones que podrían calificarse como un llamado a invasiones, lo cual se aleja de la simple, opinión política para entrar en el ámbito de la promoción de hostilidades contra la patria”, argumenta la denuncia que agrega que estos mensajes de los congresistas “contravienen su obligación constitucional de defender el orden jurídico y la soberanía de la nación”.
La denuncia plantea la violación de artículos de Código Penal que “sanciona severamente a quien realice actos dirigidos a someter al país a un dominio extranjero, debilitar su soberanía o fracturar la unidad nacional. Asimismo, la instigación a la guerra, tipifica el incentivar acciones hostiles o llamar a invasiones externas. Ambas figuras jurídicas protegen la existencia misma de la nación frente a invitaciones a operativos militares extranjeros en suelo colombiano”.
Para el ministro Idárraga, “estas manifestaciones, sumadas a los mensajes que sugieren que al jefe de Estado colombiano “también le llegará su hora” tras la captura de un mandatario extranjero, se apartan del derecho a la libre expresión para configurar un incentivo a la hostilidad externa contra las instituciones nacionales".
Puntualmente, sobre las publicaciones de los congresistas en X, que pueden argumentarse como una posición política o una opinión, el documento es claro que en este caso no se puede tomar a la ligera.
“Las aseveraciones que invitan a una intervención militar externa o proponen la entrega de territorio nacional para la instalación de bases extranjeras no solo erosionan la integridad del poder público, sino que representan un abandono de su posición de garante frente a la seguridad y autonomía de los ciudadanos”, argumenta la denuncia radicada en la Corte Suprema de Justicia.