Adolescentes sepultando cadáveres, jóvenes disparando contra multitudes y niños extorsionando a adultos es la realidad que se está viviendo en Colombia. Impactantes testimonios y hallazgos de las autoridades ponen en evidencia el nuevo capítulo del reclutamiento de menores de edad que se está escribiendo en el país.
Nadie se atreve a calcular cuántas víctimas fueron desterradas de los colegios en los últimos dos años para delinquir en ciudades y montañas. Cifras de la Policía advierten de más de 400 denuncias entre 2024 y 2025; mientras que la Fiscalía, en el mismo periodo, ha documentado 749. Los números, a ciegas, no ilustran la magnitud del problema: cada día, dos menores de edad salen de sus casas y son llevados a las filas de los criminales en diferentes rincones del país.
La historia de Carolina* está dentro de esa estadística y fue conocida por las autoridades porque desafió las amenazas de muerte que le enviaron los hombres que secuestraron a su hijo en un retén clandestino del Cauca para que empuñara armas y defendiera los intereses de los guerrilleros. “Llegó una camioneta y sus ocupantes le dijeron a mi hijo que entregara sus documentos, el celular y la motocicleta. Luego lo subieron al carro y se lo llevaron. Desde ese momento no sé nada. Me dijeron que no fuera a interponer una denuncia porque entregaban a mi hijo en un ataúd”, narró la mujer.
Ella no tiene certeza de cuál grupo armado le arrebató al adolescente ni en qué zona permanece. Todas las pistas apuntan hacia las disidencias de las Farc que comanda alias Iván Mordisco, a quien la fuerza pública le atribuye la mayoría de los casos de reclutamiento reportados en Colombia desde 2019.
En las filas que dirige este hombre hay un régimen de terror que pocas personas alcanzan a describir. Santiago* sobrevivió varios meses bajo su yugo en Nariño y escapó cuando su alma no soportó más maldad: atestiguó homicidios, masacres, extorsiones y torturas.
Un ruso se encargó de su entrenamiento y le enseñó “a pasar obstáculos, arrastrarse bajo, resistir en el agua, a armar y desarmar un fusil, así como tácticas de supervivencia”. También aprendió a manejar “la camioneta de la muerte”, frecuentada por las personas que se negaban a pagar vacunas: “Civil que se subiera ahí, no salía vivo”, señaló.
Cuando él no disparaba y combatía por el poder territorial en contra del ELN, la Segunda Marquetalia o el Ejército, controlaba el ingreso a las veredas de su jurisdicción: “Viendo que la gente no entrara con enfermedades. Se les mandaba hacer exámenes (de) VIH, sífilis y hepatitis”.
Germán*, sin cumplir los 18 años, también tiene recuerdos indistintos del conflicto en el suroccidente del país: “Nos ordenaron realizar un atentado a unidades del Ejército; éramos 80 hombres y nos enfrentamos con los elenos; ese enfrentamiento duró medio día; se realizó un consejo de guerra (y) se ejecutaron a tres guerrilleros por desertores”.
Sus frases hacen alusión a la sangre, violencia y maltrato que padeció. Él y sus compañeros solo tenían que disparar y generar zozobra, de lo demás se encargaban los hombres de logística, como el “cirujano y enfermeros”, que recibían a los heridos en combates y los salvaban en hospitales clandestinos.
Para el representante Julio César Triana, quien ha indagado por el fenómeno, el delito de reclutamiento de menores de edad se ha incrementado en el 160 por ciento entre 2021 y 2024 en todo el país. “Es un delito que se había comenzado a reducir desde 2013, y que llegó a un mínimo en 2020, con solo 299 casos reportados en la Fiscalía. En los últimos años, revirtió esa tendencia. Mientras entre 2020 y 2021 aumentó el 21 por ciento, en los años del Gobierno Petro ha crecido, en promedio, un 38 por ciento cada año”, denunció el congresista.
Los hallazgos
Una investigación de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía alerta que los grupos armados ilegales están reclutando a los menores con falsas promesas de remuneración económica, premios de lujo y una vida placentera con extravagancias.
En el 78 por ciento de los hechos denunciados entre 2024 y 2025, se alertó que los engaños tuvieron lugar en zonas urbanas, donde las bandas locales sirvieron de apoyo para vincular a los pequeños con las guerrillas. Los centros de recreación, terminales de transporte y las vías públicas fueron las zonas de mayor captación.
De acuerdo con los testimonios en poder de esta Dirección, el primer paso fue el preingreso: “Son utilizados para labores de mandaderos, cosechadores de coca, raspachines, informantes ocasionales o transportadores de droga en su cuerpo. En esta fase pueden llegar a hacer, en muchos casos, víctimas de delitos sexuales”, describió uno de los uniformados.
La segunda ronda es conocida como la “vinculación periférica”: “Son utilizados como traficantes o expendedores de droga, inteligencia urbana criminal y diversas actividades en los laboratorios de cocaína”, agregó la misma fuente.
Cuando los niños y jóvenes superan estos dos momentos y ganan confianza, se establece la vinculación en pleno –capacitaciones para ser sicarios y les proveen material de guerra–, convirtiéndolos en criminales profesionales. Asimismo, dejan de ser guerrilleros rasos y pasan a ser expertos y cabecillas de zona.
En medio de las averiguaciones, la Dirección de Protección y Servicios Especiales estableció que son tres hombres los cerebros del reclutamiento forzado de menores de edad en Colombia y delinquirían, principalmente, de la mano de las disidencias de las Farc y el ELN: Diofaner Delgado Montero, alias Jhon Heder; Luis Hernán Medina Mestizo, alias el Chichero; y William Alfonso Guerrero Galván, alias el Fercho.
Los detectives también lograron identificar las estructuras ilegales que más retienen a niños y adolescentes en sus filas: “Frente Carlos Patiño; frentes 1, 4 y 40 de la columna móvil Teófilo Forero; columna Jaime Martínez; columna Dagoberto Ramos; frentes José María Becerra y Manuel Vásquez Cataño del ELN y Segunda Marquetalia”.
Las averiguaciones de la fuerza pública ilustran que los municipios con más centros de reclutamiento son Toribío, Argelia, El Tambo y Buenos Aires (Cauca) y Tibú (Norte de Santander). Solo en el marco de la guerra entre disidencias y el ELN, se ha rescatado a 27 menores y cuatro de ellos fueron hallados muertos.
Las evidencias recopiladas por las autoridades indican que los grupos criminales no solo buscan en los menores combatientes, también los ven como “escudos” para blindarse de las operaciones militares y la persecución del Estado, dado que ellos gozan de especial protección.
Sin embargo, las más recientes decisiones del presidente Gustavo Petro y del ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, levantaron las restricciones políticas y militares para poder atacar las filas así estén conformadas por menores de edad, lo que podría reconfigurar la estrategia en contra de los ilegales.
El desafío para Colombia es amplio: romper las raíces del ciclo que transforma a los niños en combatientes y devolverles sus derechos. *Nombre cambiado por seguridad.