Una nueva polémica se generó en el país tras las recientes declaraciones del ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, sobre las capturas que debe hacer la fuerza pública de criminales beneficiados con la paz total que sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia.
SEMANA reveló la Directiva 0003 de 2025, de la Fiscalía, en la cual se ordena expresamente: “Que si la persona que teniendo suspendidas las órdenes de captura emitidas en su contra fuera aprehendida en situación de flagrancia, respecto de los delitos que se emitan a continuación, será dejada en libertad inmediatamente”.
Los delitos son: concierto para delinquir, tráfico de armas de fuego, uso ilegal de uniformes e insignias y utilización de equipos transmisores o receptores.
Pese a lo manifestado por la fiscal Luz Adriana Camargo a través del mencionado documento, el ministro de Defensa indicó que a la fuerza pública le compete hacer la captura cuando se da en circunstancias de flagrancia.
“He sido supremamente claro en que, aunque tenga orden captura suspendida, si la fuerza pública, algún militar, al algún policía los encuentra en flagrancia, deben proceder a capturarlo, es la orden constitucional”, dijo el ministro de Defensa, al señalar que se debe actuar contra la ilegalidad.
En el documento de la Fiscalía en poder de SEMANA se señala que: “Los fiscales se abstendrán de solicitar nuevas órdenes de captura en contra de las personas, respecto a las cuales exista suspensión vigente de las órdenes de captura, ya que dicha medida cobija tanto las emitidas, como las que debieran expedirse. Para el efecto, los fiscales tendrán acceso a las bases de datos en las que constan las suspensiones emitidas”.
La polémica directiva generó reacciones de indignación dentro de la propia Fiscalía. “No hay detalles, ni planes de trabajo. Los procesos que avanzan son los que teníamos, la carga de casos relacionados con estructuras como ELN bajó de forma extraña, a pesar de que son los responsables de casos tan graves como ataques terroristas y el asesinato de miembros de la fuerza pública”, señaló con indignación un fiscal que habló con SEMANA.