Una grave denuncia hizo la Corte Constitucional contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), y la Policía, debido a los obstáculos que estarían poniendo para impedir que se vigilen las graves condiciones humanitarias que viven los presos en cárceles y centros de detención transitoria en el país.
Los magistrados de la Sala de Seguimiento que declararon el estado de cosas inconstitucional (ECI) sobre el sistema carcelario, la herramienta para declarar una vulneración masiva y constante de derechos fundamentales que afecta a una multitud de personas, alertaron sobre la delicada situación que ahora se estaría presentando en esos espacios.
Después de recibir varias comunicaciones de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, veedurías ciudadanas y otras organizaciones, la Corte Constitucional confirmó que se siguen presentando restricciones, exigencias adicionales y hasta obstáculos administrativos que intentarían frenar las labores de observación y verificación independientes de las condiciones de quienes viven tras las rejas.
La Sala concluyó: “Aunque existen directrices nacionales que regulan el ingreso de los actores vinculados al seguimiento del ECI, persisten dificultades en su aplicación práctica. En algunos casos, el ingreso continuó condicionado a autorizaciones adicionales o al cumplimiento de requisitos no previstos en la regulación vigente”.
En los centros de detención transitoria administrados por la Policía Nacional estaría sucediendo una situación similar. La Corte advirtió que en este tipo de espacios es necesario tomar medidas específicas que garanticen el ingreso, la observación y la verificación independiente de quienes le hacen seguimiento al cumplimiento del ECI.
Por eso, además de reiterar el incumplimiento, la Corte dispuso de una nueva orden nacional en la que le pidió al Inpec y al Ministerio de Justicia, adoptar todas las medidas necesarias para garantizar las reglas de ingreso de la resolución 5797 de 2022 en todos los establecimientos de reclusión, y evitar la imposición de requisitos que no existen en la regulación vigente.
Asimismo, el Gobierno nacional deberá definir una serie de directrices operativas que permitan el ingreso de los actores vinculados al seguimiento de la ECI, tanto en establecimientos de reclusión como en centros de detención transitoria.
La Policía Nacional también estará en la obligación de permitir el ingreso a sus centros de detención transitoria para que organismos de control, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y demás actores puedan actuar dentro del seguimiento a dicha decisión.
Los ministerios de Defensa y de Justicia, la Fiscalía, la Policía y el Inpec tendrán que crear un protocolo nacional que regule las condiciones de ingreso, observación y documentación a esos centros de detención.
Así, el hacinamiento en cárceles de Colombia sigue siendo una de las principales crisis humanitarias que mantiene con vigencia el ECI que declaró la Corte Constitucional en el sistema penitenciario.