Como lo había revelado SEMANA en exclusiva el pasado 4 de julio, este jueves deberá presentarse ante un juez de control de garantías de Bogotá el economista Roberto Prieto Uribe.
La Fiscalía General le abrió un nuevo proceso al exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. Esto por los hechos relacionados con el dinero no reportado de Odebrecht.
Prieto Uribe deberá responder ahora por los delitos de enriquecimiento ilícito y fraude procesal.
SEMANA pudo establecer que el ente investigador cuenta con pruebas documentales y testimoniales que dejan ver que el entonces gerente de la campaña presidencial tenía conocimiento claro de la financiación de la multinacional brasileña.
Esto, pese a que sabía que esto estaba totalmente prohibido por las autoridades electorales.
“La posible responsabilidad penal que pueda tener José Roberto Prieto Uribe, como gerente de la campaña de Juan Manuel Santos Presidente 2014-2018, por no haber reportado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) los dineros ingresados a dicho candidato, los días 26 de marzo y 28 de abril de 2014, los cuales se recibieron de la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht, como un aporte en servicios de investigación sobre la evolución y seguimiento de la candidatura del señor Santos Calderón y su estado perceptual para la contienda electoral, valorado económicamente en 1.000.000 de dólares”, indica la imputación que se formalizará en las próximas horas.
Prieto habría dado órdenes directas para el uso de este dinero en la campaña publicitaria de cara a la segunda vuelta presidencial que enfrentó a Santos con Óscar Iván Zuluaga, quien actualmente también enfrenta un proceso penal por estos hechos.
Prieto sería imputado porque, según la Fiscalía, el dinero que le fue entregado en medio de la campaña nunca fue reportado ante el CNE y se habría cobrado la reposición de votos, pese a una violación de topes que advierte el ente acusador. “Pagos que no fueron registrados en los correspondientes informes de ingresos y egresos de primera y segunda vuelta de la campaña, ni reportados a la Organización Electoral Colombiana a pesar de la existencia de reglas electorales al respecto; con el único propósito de ocultar que la campaña había superado los topes establecidos por esa entidad a través de la Resolución 289 de 2014”.
Y agrega sobre el pago de la reposición por votos: “Producto de este engaño, los magistrados del Consejo Nacional Electoral avalaron las cuentas de campaña presentadas por José Roberto Prieto Uribe a esa entidad y, en consecuencia, reconocieron el derecho a la reposición de votos y ordenaron en favor del Partido de la U el pago de esas sumas de dinero a través de la Registraduría Nacional del Estado Civil”.
El documento de la Fiscalía contra Prieto plantea un cobro, presuntamente ilegal, de casi 16.000 millones de pesos.
“Conforme con lo anterior, el Gerente Administrativo y Financiero de la Registraduría Nacional del Estado Civil ordenó el pago por un valor de 6.576.386.975 pesos para la primera vuelta y de 9.468.938.803 pesos para la segunda vuelta, desembolso que se efectuó el 26 de diciembre de 2014, pese a que la campaña presidencial no tenía derecho a los mismos por haber incumplido las normas electorales en la materia, con relación a la superación de topes”, advierte el documento.
En 2019, Roberto Prieto fue condenado a cinco años de prisión después de que aceptara mediante un preacuerdo los delitos de contrato sin requisitos legales, celebración indebida de contratos y falsedad en documento privado.
El caso tiene relación con el tráfico de influencias en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para lograr una adición al contrato Ruta del Sol III para la construcción del puente Plato (Magdalena).