Este miércoles, la Fiscalía General anunció la reestructuración en la investigación por el caso Odebrecht. Esto después de considerar que en los últimos tres años y medio se avanzó poco o nada para investigar, acusar y llevar a juicio a varios de los implicados en la repartija de sobornos para beneficiar a la multinacional brasileña con contratos de obra.
Por esto, se reajustó el equipo con cinco fiscales, una asistente y un policía judicial, los cuales serán coordinados por un delegado ante la Corte Suprema de Justicia.
Esto con el fin de impulsar las cinco audiencias de acusación pendientes con 16 procesados y agilizar los diez juicios orales que existen actualmente.
Fuentes de la Fiscalía General señalaron que el grupo antiguo tenía 169 procesos, 17 fiscales y siete analistas que no lograron mayores avances, pues durante casi dos años solamente se dedicaron a leer procesos.
Ahora son 144 expedientes, con cinco fiscales cada uno con un asistente y un policía judicial para darle una mayor agilidad a este caso.
60 de esos procesos pueden llegar a archivo, una depuración y 30 estarían listos para acusación o imputar. Para esto se integró un grupo de siete analistas élite para avanzar en las investigaciones y tomar decisiones de fondo.
Por el momento, el nuevo grupo decidió retirar la acusación en contra de nueve implicados en intervenir en reuniones en temas técnicos para la adjudicación de contratos en el caso Odebrecht. Esto al considerar que fueron vinculados “sin mérito a la investigación”.
Entre estos se destaca la solicitud de preclusión del proceso contra el expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos por la celebración de un otrosí (adición) de un contrato de la Ruta del Sol II.
En este caso, se advirtió que Andrade –quien actualmente se encuentra fuera del país– estaba investigado por los mismos hechos, lo cual está claramente prohibido por la ley.
Mientras tanto, se continuará el proceso contra dos directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) que sí tuvieron una participación directa en la celebración irregular de contratos de obra.
La más reciente actualización con un proceso referenciado con Odebrecht tiene que ver con la financiación irregular de la campaña a la Presidencia en 2014 de Óscar Iván Zuluaga.
El pasado 5 de agosto, un fiscal auxiliar ante la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a Zuluaga como posible responsable de los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que su hijo, David Zuluaga Martínez –quien fue el gerente de la campaña– fue vinculado por el delito de fraude procesal.
En la acusación se indica que tanto el candidato a la Presidencia como su hijo tuvieron conocimiento de que estaba ingresando dinero de la multinacional brasileña pese a que estaba totalmente prohibido.
Este dinero no fue presentado ante las autoridades electorales correspondientes con los reportes que relacionan dichos ingresos. La Fiscalía advirtió que con esto se hizo incurrir en error a los funcionarios que autorizaron la reposición de votos por 25.291 millones de pesos.
Otra de las posibles irregularidades estaría relacionada con la declaración de Zuluaga Escobar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este caso se habría ocultado un aporte de la multinacional brasileña para apoyar la aspiración política tanto en primera como en segunda vuelta.
Labores de policía judicial permiten inferir que el entonces candidato y algunos asesores de su campaña se habrían reunido en Brasil y Bogotá con delegados de Odebrecht para acordar el pago de 1.610.740 dólares por honorarios que debían ser reconocidos a un acreditado publicista.
A Zuluaga Martínez, como gerente de la campaña, se le reprocha su aparente responsabilidad en la presentación de informes de ingresos y egresos al CNE, sin incluir el aporte que se atribuye a la constructora brasileña para gastos de publicidad.