Este lunes, el Tribunal de Cundinamarca decretó medidas cautelares y ordenó el embargo de las cuentas y los bienes de la Unión Temporal Centros Poblados, en medio del posible caso de corrupción en el contrato con el Ministerio de las TIC para llevar internet a zonas apartadas del país y del cual hoy se encuentran refundidos 70.000 millones de pesos.
Los magistrados del Tribunal ordenaron el levantamiento del velo corporativo para establecer la identidad de los socios que conforman la Unión Temporal Centros Poblados de Colombia 2020 y “poder recurrir a los bienes que integran sus patrimonios, con el fin de evitar un posible daño al patrimonio del Estado o de terceros”, señala el documento.
La decisión que tomó el Tribunal de Cundinamarca se da luego de que fuera la Procuraduría General de la Nación la entidad que promoviera una acción popular, en busca de recuperar el dinero, lo que generó las medidas cautelares.
También se ordenó a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) que investigue las cuentas que recibieron recursos del anticipo entregado a Centros Poblados, al igual que a la Cancillería y la Fiscalía que verifiquen las personas jurídicas o naturales en el exterior “vinculadas con los supuestos hechos, daños e irregularidades referidos en el escrito de demanda, con el fin de que realicen las actuaciones pertinentes según sus competencias y soliciten, a través del organismo competente del país extranjero, la imposición de las medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes, dineros y rentas y/u orden de imposibilidad de disposición de dichos bienes hasta tanto finalice el trámite de la presente acción”.
De igual manera, se lee en la decisión que “se ordenará a la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente, para que, en el término de dos días, informe los contratos que tiene suscritos con todas las entidades públicas del orden nacional, distrital, departamental o municipal, centralizadas, descentralizadas y por servicios”.
La decisión, luego de un pronunciamiento y una petición que envió la Procuraduría General de la Nación, busca recuperar los 70.000 millones de pesos del anticipo que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) le dio a la Unión Temporal Centros Poblados, en el polémico contrato que pretendía llevar conectividad a las zonas más remotas del país.
El Ministerio Público interpuso una acción popular ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca que ordena a Centros Poblados de Colombia 2020 y sus integrantes devolver el anticipo del contrato.
Así, a través de la Procuraduría Delegada para la Conciliación Administrativa, el Ministerio Público indicó que, ante las múltiples irregularidades detectadas y las actuaciones de los contratistas en aras de evitar la recuperación de los recursos “en favor del patrimonio y los servicios públicos y el interés general, es necesaria una medida que disponga la protección inmediata de los derechos colectivos vulnerados, con la fuerza de una orden judicial”.
En la acción popular, la Procuraduría pidió que se declaren vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el acceso al servicio esencial de internet y a su prestación eficiente, continua y permanente, por cuenta de las acciones y omisiones presentadas dentro de la licitación y el contrato.