Los privilegios que tienen reclusos con poderío económico, que les permite tener celulares, licor, mujeres en sus celdas u otros más descarados como el empresario Carlos Mattos, quien fue grabado realizando vueltas personales en los carros del Inpec, que lo llevaban a su oficina pese a estar detenido, pusieron nuevamente al instituto de prisiones en el ojo del huracán.
Para algunos sectores, los altos niveles de corrupción deben llevar a que se replantee en qué manos debe estar la administración del Inpec, sin en civiles o que continúe a cargo de la Policía.
Tras la polémica, en diálogo con SEMANA, el ministro de Defensa, Diego Molano, cerró la puerta a que la dirección del Inpec esté en otras manos diferentes a la Policía.
El funcionario dijo que, debe ser dicha institución la que mantenga la administración del centro carcelario del país. Para Molano, la Policía cuenta con las suficientes capacidades para manejar el Instituto de prisiones del país.
“Es importante que el director del Inpec sea de la Policía Nacional, son muchos los riesgos que se presentan desde la perspectiva del manejo de las cárceles y qué bueno que sea un general el que haga ese direccionamiento y liderazgo en el Inpec”, señaló Molano.
Sobre la designación del general Tito Castellanos, como nuevo director del Inpec, el ministro indicó que este oficial cuenta con las capacidades para asumir dicho cargo.
“La dirección de la Policía, al momento que se toma la decisión para asignar a esa persona (Tito Castellanos), hace una valoración de cuáles han sido los generales que han tenido mejor desempeño en capacidades y competencias y procedemos a aprobar y hacer esa designación”, añadió Molano.
Entre los más recientes escándalos que ha tenido el Inpec se encuentran la fuga de Aida Merlano, quien aprovechó una cita odontológica para protagonizar un escape de película, saliendo por la ventana del consultorio colgada de una cuerda en medio de decenas de incautos ciudadanos; los privilegios que tenía en su celda Juan Guillermo Monsalve, el testigo del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, y el más sonado de los últimos días, el de Carlos Mattos.
Mattos, en un acuerdo con la Fiscalía, reconoció que utilizó sus recursos económicos para torcer procesos judiciales en el país. En el acuerdo, el empresario de vehículos reconoció haberle enviado 100 millones de pesos a la jueza 16 civil de circuito de Bogotá, Ligia del Carmen Hernández Pérez, luego que dejara en firme las medidas cautelares que beneficiaron a la empresa Hyundai Colombia Automotriz S.A. para seguir vendiendo exclusivamente los vehículos en el territorio nacional.
En el acuerdo se contemplaba que Mattos pagaría dos millones de dólares a la justicia colombiana para resarcir los daños que había causado, tras pagar coimas a diferentes funcionarios de Paloquemao para verse favorecido.
Pero hay que reiterar que con frecuencia la Policía realiza operativos en las cárceles del país, en donde son decomisados miles de celulares con los que se cometen extorsiones y se manejan otros crímenes dentro de los penales.
Desde allí, en complicidad con guardianes del Inpec, quienes permiten al pago de coimas que se ingresen distintos elementos para los reclusos que tienen poder económico, se manejan otros negocios ilícitos como la venta de droga al menudeo, pues los cabecillas que son capturados continúan manejando los hilos de sus negocios detrás de los barrotes.
Frente a la salida del general Mariano Botero Coy, quien era el director del Inpec antes del escándalo de Carlos Mattos, según el ministro de Defensa, se hizo uso de la discrecionalidad que tiene la fuerza sobre el llamamiento a calificar servicios de los oficiales en la Policía.