SEMANA: Este 7 de agosto se posesiona el sexto presidente elegido después de la Constitución de 1991. Colombia ha tenido elecciones presidenciales desde hace más de un siglo, a pesar de sus conflictos. ¿Cómo ve esa tradición democrática?
Manuel Aragón: Colombia ha tenido, desde el siglo XIX hasta ahora, una tradición muy institucional, más aún, creo que, gracias a ello, ha tenido un Estado que ha podido hacer frente a situaciones muy graves provocadas por el narcotráfico, el terrorismo, la guerrilla, que otros Estados difícilmente habría soportado sin destruirse. Pero Colombia lo ha hecho: garantizando la institucionalidad. Se han sucedido gobiernos conservadores y liberales, pero la idea básica de la democracia, que es la elección popular de los gobernantes, se ha mantenido en el tiempo. Es cierto que la historia constitucional de Colombia ha tenido altibajos, como la de cualquier otro país, pero con una diferencia: allí ha habido siempre una arraigada conciencia de la institucionalidad, que tiene mucho que ver con una fuerte cultura jurídica civil que cualifica a Colombia frente a otras naciones.
SEMANA: Usted estuvo en los 35 años de la Constitución en Bogotá en el Congreso Mundial de Derecho Constitucional en la Universidad Externado. ¿Qué valor tiene esa carta en esa estabilidad de Colombia?
Manuel Aragón: Hoy, con ese gran cambio que supuso la actual Constitución, en la que se garantizan los derechos individuales y sociales, la igualdad, la división de poderes, y dentro de ella la independencia judicial, así como el pluralismo político, las elecciones periódicas libres, competitivas y trasparentes, y por ello la alternancia regular y pacífica de las mayorías parlamentarias y de los Gobiernos, en Colombia tienen una auténtica democracia constitucional acompañada, indisociablemente, de un auténtico Estado de Derecho. Esa es una riqueza que los colombianos deben apreciar y, por ello, estoy seguro, que no van a dilapidar.
SEMANA: El presidente electo Abelardo De La Espriella ha dicho que gobernará respetando la Constitución de 1991, usando las herramientas que ésta proporciona. ¿Cree usted que la Constitución ofrece instrumentos para afrontar los actuales problemas?
Manuel Aragón: Lo primero que quiero expresar es mi alegría por esa declaración, ya que, contando Colombia con una excelente Constitución que regula un Estado social y democrático de Derecho, es preferible siempre gobernar de acuerdo con ella y no propiciar rupturas constitucionales apelando a una nueva Constitución y a una nueva asamblea nacional constituyente. Toda democracia constitucional, y la de Colombia lo es, camina mejor a través de evoluciones que de las revoluciones. La Constitución de 1991 tiene instrumentos suficientes para que el sistema pueda ir evolucionando haciendo frente a los problemas actuales que a Colombia y a las demás democracias constitucionales se nos plantean. Si fuese necesario en el futuro, cabría reformar esa Constitución para mejorarla, nunca para destruirla.
SEMANA: ¿Pero es partidario de reformarla?
Manuel Aragón: Creo que el texto actual puede seguir sirviendo para hacer frente a los problemas que hoy se nos presentan, siempre que ese texto se interprete adecuadamente, por eso he dicho tantas veces que, para hacer realidad esa constante evolución, antes de reformar la Constitución, lo primero que hay que hacer es cumplirla, es decir, aplicarla en todas sus facetas. Estoy seguro de que las instituciones políticas y, sobre todo, la Corte Constitucional, irán extrayendo todas las potencialidades que la Constitución contiene. Así hasta ahora lo ha hecho la Corte de manera admirable y estoy seguro que lo continuará haciendo.
SEMANA: ¿Y cómo ha visto las declaraciones de Abelardo De La Espriella?
Manuel Aragón: Me gusta, en definitiva, la declaración que ha realizado el nuevo presidente Abelardo de la Espriella, pues mantener la institucionalidad es lo que la Constitución demanda, sin abandonar el espíritu que en 1991 la animó: la concordia y el consenso. Por primera vez en la historia política colombiana, la Constitución de 1991 (como la española actual, de 1978) ha sido una Constitución “de todos y para todos”, un gran pacto de paz, de tolerancia y de inclusividad, por ello, también, de esperanza.
SEMANA: Con Gustavo Petro hubo una alternación y ahora con Abelardo De La Espriella también hay otra alternativa. Ambos representan posiciones muy diferentes a la de sus antecesores. ¿Qué muestra eso de la política en Colombia?
Manuel Aragón: Lo primero, que es la política de una democracia pluralista, como la Constitución establece. Lo segundo, que la alternancia pacífica en el poder es también consustancial con la democracia. Lo tercero, que la confrontación de ideas y programa de Gobierno es algo perfectamente natural y enriquecedor, pero siempre con una condición: la del consenso en lo fundamental, esto es, en los valores de libertad, igualdad y dignidad de la persona que, como requisitos para la existencia y el mantenimiento de una auténtica democracia constitucional, nunca deben abandonarse, y siempre, desde el poder público, y desde la educación ciudadana, deben fomentarse.
SEMANA: La tensión entre ambos es muy alta. ¿Cree usted que ésta es una situación muy grave?
Manuel Aragón: Esa tensión me preocupa, no se lo voy a ocultar. La impugnación política del resultado de unas elecciones democráticas no es un buen camino para conservar la institucionalidad y la confianza ciudadana. Ya hemos visto lo sucedido no hace mucho tiempo en los Estados Unidos. Pero confío en que se esa tensión desparezca, sobre todo porque Petro ya está de salida, y porque confío en que el nuevo líder del partido que perdió las elecciones actúe con cordura, busque la concordia y el pacto, lo que no significa que abandone sus ideas, pero sí que ahora las defienda desde las instituciones, de manera pacífica y tolerante, es decir, con al ánimo de concordia que la Constitución exige.
Esta tensión es un drama, desde luego, pero no creo que pueda llegar a ser una tragedia, porque los resortes constitucionales son capaces de impedirlo. El pueblo colombiano se merece la paz y el progreso que la democracia, y no el populismo, proporcionan. Ese es mi más íntimo deseo, para Colombia y para España, donde hoy también estamos pasando un periodo de alta tensión, de intensa polarización, que deben remediarse, porque, como demuestra la experiencia, los extremismos no conducen más que a la confrontación civil, a la servidumbre y la miseria.
SEMANA: ¿En qué países se han presentado negativas de la oposición a reconocer la legitimidad del nuevo Gobierno y cómo se ha manejado ese tipo de reto?
Manuel Aragón: En muy pocos de los países auténticamente democráticos, donde la regla general es el respeto a los resultados de las elecciones. Sólo creo recordar que ese repudio de la oposición a reconocer la legitimidad del nuevo Gobierno sucedió en México, hace ya tiempo, y en los Estados Unidos, en fechas más próximas a las actuales. Se trata de algo que ha de considerarse contrario al buen desenvolvimiento de la democracia constitucional, como ya dije, y que origina o puede originar unos graves perjuicios para la convivencia civilizada amparada en el Estado de Derecho. Máxime cuando existen instituciones que comprueban la veracidad de los resultados electorales.
SEMANA: ¿Cómo se sale de una situación así?
Manuel Aragón: En un modo sencillo en teoría: confiar en los controles políticos y jurisdiccionales para remontar esa crisis. Pero no tan sencillo en la práctica, ya que el Derecho, por sí solo, no lo puede hacer todo, y por ello se necesita de un cambio de actitudes políticas que, poniendo en el horizonte el interés general, abandonen los enfrentamientos radicales y consideren a los contrarios no como enemigos, sino como adversarios con los que se ha de convivir, dialogar y pactar. La sociedad necesita de esa ejemplaridad de los políticos y las instituciones para seguir confiando en el mejor modo que hasta ahora se ha inventado para la organización de una convivencia ciudadana en paz, justicia y libertad: la democracia constitucional, que es, afortunadamente, la que existe en Colombia, una democracia que siempre se puede mejorar, pero que nunca se debe destruir.
SEMANA: Durante el gobierno de Gustavo Petro, las instituciones creadas por la Constitución de 1991 funcionaron muy bien. ¿Por qué son tan resistentes?
Manuel Aragón: Las instituciones resisten por dos razones: la primera, porque estén bien diseñadas, en su composición y funciones; la segunda, porque estén bien servidas por sus titulares. Si ambas condiciones se dan, y creo que en Colombia así sucede, las instituciones resisten. De todos modos, nunca debe olvidarse que las instituciones “son” lo que “son” quienes las ostentan. El factor personal es sumamente importante. Le voy a contar una anécdota que he recordado muchas veces oralmente y por escrito.
SEMANA: Cuéntela...
Manuel Aragón: Hace ya varios decenios, en un debate entre Karl Popper y un reputado historiador, este último le decía a Popper que no son las personas las que sostienen los sistemas políticos, sino las instituciones, que son (decía textualmente) “los castillos roqueros, las fortalezas defensivas del sistema”; Popper le respondió que estaba de acuerdo, siempre que su oponente también estuviese de acuerdo en que (diría textualmente) “las fortalezas resisten si la guarnición es buena”. Sabias palabras. Las personas pasan, las instituciones permanecen, es cierto, pero si las personas que las ocupan no actúan con ejemplaridad (y con eficiencia), las instituciones se pueden derrumbar.
SEMANA: ¿Cree usted que las instituciones también van a funcionar bien ante una oposición que declaró desde antes del inicio del nuevo Gobierno la desobediencia civil?
Manuel Aragón: Creo que sí, por lo que antes dije y siempre que las instituciones actúen con ejemplaridad. De todos modos, la llamada a la desobediencia civil por parte de la oposición que ha perdido las elecciones no es una buena noticia, porque pone en cuestión una regla que todos deben obedecer: la alternancia regular y pacífica en los Gobiernos.
SEMANA: ¿Se justifica en una democracia como la colombiana invitar de esa manera a la desobediencia civil?
Manuel Aragón: La desobediencia civil, en principio, no cabe condenarla jurídicamente, pues creo que entra dentro del ejercicio de las libertades de los ciudadanos en una democracia constitucional. Ahora bien, dicho ello, mi opinión es que, políticamente, como antes dije, no es una regla aceptable, ya que sólo se justificaría en sociedades en las que no hubiese instituciones suficientes para controlar, jurídicamente, la veracidad de los resultados electorales. En Colombia, esas instituciones existen, por fortuna, y, en consecuencia, no encuentro, políticamente, justificada esa apelación a la desobediencia civil en una democracia, como la de ustedes, que, como democracia auténtica, dispone de los resortes del Estado de Derecho para garantizar que se cumplen las condiciones jurídicas previstas para la alternancia regular y pacífica de los Gobiernos. En tales condiciones, apelar a la desobediencia civil no es sólo una imprudencia, sino también una criticable llamada a la polarización política de la sociedad, al enfrentamiento entre los ciudadanos, que hace muy poco favor a la templanza y la concordia como valores en que la propia Constitución de 1991 se asienta.
SEMANA: ¿Cuándo la desobediencia civil se vuelve desacato o rebeldía? ¿Cuándo deja de ser civil? ¿Cuál es entonces la respuesta legítima del Estado?
Manuel Aragón: La desobediencia civil deja de serlo si acude a la violencia, directamente o indirectamente por coacción (o desacato). Entonces deja de ser jurídicamente legítima (aunque sea políticamente desafortunada) para pasar a ser una auténtica rebeldía contra el orden constitucional, incurriendo probablemente en ilícitos penales que el Estado democrático de Derecho ha de perseguir, incluso, si esa rebeldía fuese grave, haciendo uso de la fuerza legítima que es monopolio exclusivo del Estado. Espero, y deseo, más aún, confío, que en Colombia no llegue a darse esa situación.
SEMANA: Usted es un connotado constitucionalista europeo que conoce las constituciones de muchos países. Volvamos a la Constitución de 1991. ¿Qué la hace tan especial?
Manuel Aragón: En mi opinión, la Constitución colombiana actual, la de 1991, que conozco bien, es una excelente Constitución, parangonable con las más reputadas de otros países, en cuanto que establece, como ya la dije más atrás, una auténtica democracia constitucional, con garantía de los derechos individuales y sociales, civiles y políticos, con separación de poderes y con una independencia judicial que es una exigencia inseparable del Estado de Derecho. Una Constitución, además, elaborada y aprobada por un amplísimo consenso político, inspirada en un espíritu de concordia y equilibrando la unidad con el pluralismo y la diversidad. Esas características son las que le han hecho resistir durante 35 años, haciendo frente con éxito a los grandes desafíos que se le han ido presentando. Estoy seguro que así lo seguirá haciendo en el futuro.
Y esta valoración de la Constitución de 1991 no sólo es la mía, sino, como he podido comprobar, también la de la generalidad de los constitucionalistas reunidos en el reciente Congreso Mundial de Derecho Constitucional celebrado, que usted me nombró al comienzo de la entrevista, y que tuvo un extraordinario éxito, en “mi” Universidad Externado del 6 al 10 de julio y en el que participaron 2.600 representantes de más de 50 naciones. Ese Congreso, que ha coincidido, felizmente, con el 35 aniversario de la Constitución, ha supuesto, sin duda, un respaldo académico e institucional para mi querida Colombia.
SEMANA: ¿Cuáles son las instituciones creadas por la Constitución de 1991 que usted valora más y por qué?
Manuel Aragón: Sin olvidar otras instituciones, creo que las que me merecen una especial valoración son la Corte Constitucional y la acción de tutela, novedades que la Constitución de 1991 creó, y que han sido fundamentales, a mi juicio, para el asentamiento y consolidación de la democracia constitucional en Colombia en estos 35 años.
SEMANA: ¿Qué tiene la Corte como particularidad frente a otros tribunales de esa índole?
Manuel Aragón: La Corte Constitucional fue bien diseñada, en su composición y funciones, por la Constitución de 1991. Su comportamiento en estos años me parece ejemplar. Así como también me lo parece su afortunada coexistencia con el control difuso de la constitucionalidad de las leyes desempeñado por la jurisdicción ordinaria, y a su cabeza, por la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de Estado, que tienen también la facultad de velar por la constitucionalidad de las leyes, inaplicándolas cuando, con ocasión de un proceso judicial, entiendan que con contrarias a la Constitución.
Sin embargo, es la Corte Constitucional la que, en el ejercicio de su control concentrado, ejerce, en monopolio, no la inaplicación, sino la anulación de las leyes con efectos generales, así como la suprema interpretación de la Constitución y de la constitucionalidad de las leyes, además de otras competencias exclusivas que igualmente la Constitución le encomienda. Por eso, insisto, la Corte es el tribunal supremo en el control de la constitucionalidad de las leyes y en el ejercicio de sus demás competencias, cuyas decisiones y doctrina vinculan a todos los poderes públicos y, por lo mismo, incluso a la Suprema Corte de Justicia y al Consejo de Estado, como no puede ser de otra manera y como la propia Corte Constitucional proclamó con toda claridad.
SEMANA: ¿Qué jurisprudencia de la Corte ha sido relevante para el mundo?
Manuel Aragón: La importante jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde los primeros años de vigencia de la Constitución de 1991, ha sido capital para consolidar la división de poderes, así como para la plena eficacia de los derechos fundamentales no sólo frente a los poderes públicos, sino también frente a los poderes privados. Y, muy en particular, para obtener de la Constitución todas sus posibilidades. Más aún, para definir, con acierto, las competencias de la propia Corte Constitucional. Gracias a la Corte Constitucional se ha hecho posible, en la realidad jurídica y política, la supremacía de la Constitución en todos los aspectos, llevando a la conciencia ciudadana la seguridad de que la Constitución, rectamente interpretado por la Corte, ha de ser obedecida por todos, y ello la legitimado extraordinariamente a esta ejemplar Constitución de 1991.
SEMANA: ¿Cómo se ha adaptado esa jurisprudencia al cambio de los tiempos?
Manuel Aragón: La Corte Constitucional no puede suplantar al poder constituyente, ni al poder de reforma constitucional, puesto que no es la dueña de la Constitución, sino su guardiana jurisdiccional, pero sí que ha sabido, sin salirse de la Constitución, ir adaptándola a nuevas realidades para “vivificarla”, esto es, para extraer de ella todas sus potencialidades y ofrecer respuestas a los cambios sociales y políticos que con el paso del tiempo se producen.
SEMANA: ¿Y de la tutela qué piensa?
Manuel Aragón: En cuanto a la acción de tutela, me parece que también ha sido uno de los grandes aciertos puestos en marcha por la Constitución, demostrando a los ciudadanos que, de manera inmediata y rápida, mediante una acción antes los jueces ordinarios, pueden hacer valer sus derechos convirtiéndolos en una auténtica y garantizada realidad. La fórmula de que no haya un recurso de amparo directo ante la Corte Constitucional (como existe, por ejemplo, en España y que ha planteado algunos problemas de funcionamiento), sino de que sea la propia Corte la que seleccione las sentencias de tutela que crea conveniente revisar, ha significado una solución especialmente correcta. De manera que, así, la Corte (sin perjuicio de la acción de tutela) sigue desempeñando su competencia de suprema intérprete y guardiana de la Constitución y, por ello, de los derechos fundamentales, que son el núcleo más importante del edificio constitucional. En definitiva, creo que la acción de tutela ha contribuido, de manera importantísima, a la legitimación social de la Constitución de 1991.
SEMANA: Usted sabe mucho de Colombia y de su sistema jurídico. Pero quiero hacer una pregunta más personal. ¿Es verdad que quiere ser colombiano?
Manuel Aragón: Colombiano, pero sin dejar de ser español, por supuesto. Hace ya más de cuarenta años que tengo una intensa y especial relación con Colombia, con sus instituciones y con sus universidades, particularmente con el Externado. La vieja y estrecha amistad que tuve con el gran rector Fernando Hinestrosa Forero y el eminente profesor Carlos Restrepo Piedrahita así como con los demás integrantes del Departamento de Derecho Constitucional de esa Universidad, entre ellos con mi querida Sandra Morelli; mi amistad, también antigua y firme, con la actual decana de Derecho, Emilsen González de Cansinos; mi actividad de formación de jóvenes investigadores, a los que en España dirigí sus tesis doctorales, entre ellos, y muy destacadamente, mi querido y admirado amigo Humberto Sierra Porto; y, por supuesto, el hecho de que me confiriesen la honra de haberme nombrado “doctor honoris causa” por esa excelente Universidad Externado, han forjado en mí unos lazos muy sólidos, académicos e intelectuales, con Colombia y, en particular, con su Universidad Externado, hasta el punto de que su actual rector, mi querido y también antiguo amigo, Hernando Parra Nieto, ha dicho públicamente que yo tengo dos nacionalidades: la española y la “externadista”. Y es verdad.
SEMANA: Pero usted ha estado en muchos momentos importantes de la historia de este país...
M.A: Sí. He tenido una relación intensa con las instituciones políticas colombianas. No sólo por mi amistad de tantos años con Fernando Cepeda Ulloa, sino, especialmente, porque fui un testigo presencial del proceso constituyente de 1991, en el que aporté mi colaboración de la mano de mi querido y admirado Manuel José Cepeda, entonces jefe de gabinete del presidente Gaviria, y en contacto permanente con mi gran y admirado amigo Fernando Carrillo, entonces presidente de la comisión de justicia de la Asamblea Nacional Constituyente. Después me he relacionado intensamente con la Corte Constitucional, cuya presidenta me honró invitándome a pronunciar la conferencia del acto conmemorativo del 35 aniversario de la Constitución, que tuvo lugar en la Universidad Externado de Colombia el pasado día 6 de julio.
En fin, que quiere que le diga: sí, me considero colombiano de corazón, aunque carezca del correspondiente título jurídico para ello. Me siento, pues, colombiano y deseo seguir siéndolo, pues lo que pasa en Colombia me interesa y me afecta tanto como lo que pasa en España.