En la mañana de este lunes 25 de septiembre, la Superintendencia de Sociedades decidió intervenir cuatro inmuebles que son propiedad de Felipe Rocha, el hombre que supuestamente construyó una pirámide ganadera hace casi una década, dejando más de 60 víctimas.
En un principio, Rocha intentó llegar a un acuerdo con los inversionistas, pero muchos de ellos rechazaron la propuesta del pago y por ello la Supersociedades tuvo que intervenir en el caso.
El pasado 17 de agosto, la entidad confirmó que no le fue autorizado el plan para devolver el dinero a las víctimas de la pirámide.
Supersociedades nombró oficialmente a una interventora para que convoque a las víctimas y ordenó la toma oficial de los bienes del ganadero, empezando por los cuatro inmuebles que se encuentran ubicados en el municipio de Sesquilé, en el departamento de Cundinamarca.
Además, el próximo martes 26 de septiembre se realizará el secuestro y embargo de otro inmueble ubicado en el municipio de Anapoima, en el mismo departamento. Asimismo, la medida ordena la incautación de los bienes a nombre de la Agropecuaria Achury Viejo, empresa que es propiedad de la familia de Rocha.
Por otra parte, la entidad convocó a todas las personas naturales o jurídicas que busquen la devolución de dineros para que se acrediten dentro del plazo establecido y cumpliendo los respectivos requerimientos.
Esta decisión tiene el objetivo de poder devolverle de alguna forma el dinero a las víctimas de la denominada pirámide ganadera.
SEMANA se comunicó con Supersociedades, entidad que advirtió que compartirá la información con este medio este martes 16 de septiembre.
La decisión se da tras fracasar su intento de conciliación
Como se mencionó, en su momento, Rocha presentó el denominado “plan de desmonte”, que consistía en un reembolso cercano a los 16.000 millones de pesos, monto fijado por sus abogados, y así aliviar la carga en el proceso. Sin embargo, para lograrlo necesitaba la aprobación del 75 por ciento de los inversionistas.
Esto no sucedió, solo lo apoyó el 60 por ciento. Los inversionistas, muchos de ellos amigos de vieja data, personas cercanas a su familia y uno que otro familiar, no estuvieron de acuerdo con el hecho de que se obviara la reparación de los graves daños causados al patrimonio y su confianza. Igualmente, se generó una fuerte discusión sobre la cifra real de la estafa, que se ha convertido en un verdadero misterio.
De esta forma, a Rocha se le quemó su estrategia para conciliar. Las víctimas no aceptaron el acuerdo, lo que le dio vía libre a la Superintendencia para actuar.
Sumado a esto, en su momento, SEMANA también conoció dos denuncias en las que se hacen fuertes señalamientos en contra de Rocha Medina y de su madre, María Francisca Medina de Rocha, quien ahora es calificada como cómplice.
El ganadero habla de 16.000 millones de pesos, pero las víctimas, reunidas en grupos, afirman que la estafa puede superar los 60.000 millones, según el abogado que los defiende.
Frente a la complicidad de su madre, la denuncia indica: “María Francisca Medina de Rocha, al ser la presidenta y representante legal de Agropecuaria Achury Viejo y Cía., debía tener conocimiento de los ingresos de la sociedad y el concepto de estos, así como las actividades que estaba adelantando”.
Bajo esta premisa se señala que la madre de Felipe “conocía los pagos y transferencias que se le hacían a la sociedad y tenía presente la presunta falsedad y el engaño en las compraventas de ganado al no existir reportes en los egresos”.
Con estas pruebas fue denunciada por estafa agravada y cuantía por determinar, pues, a ojos de las víctimas, contribuyó “a la realización del posible engaño al prestar Agropecuaria Achury Viejo y Cía., la cual presidía y representaba, para darle mayor credibilidad al negocio”.
Por el momento, la Supersociedades seguirá con la incautación de los bienes de Rocha y adelantará de esta forma el proceso de reparación a las víctimas.