Durante décadas en Colombia se ha visto un claro conflicto entre las autoridades colombianas y las comunidades indígenas, o así se percibe en las principales ciudades del país, sobre todo en aquellas alejadas de los territorios, en las que el acercamiento máximo a estas sociedades ancestrales es a través de un mensaje en las redes sociales o un video en televisión.
Pocas veces el Gobierno y los indígenas se ponen de acuerdo, y claro ejemplo de ello es que ni siquiera concuerdan con la cantidad de grupos étnicos existentes. Oficialmente se habla que son menos de 100, mientras que la Organización Nacional Indígena de Colombia sostiene lo contrario.
Sandra Patricia Chasoy, lideresa del pueblo Inga que habita en Nariño, dice que su comunidad no es reconocida aún por el Ministerio del Interior, y es consciente que si no aparece registrada allí no puede acceder a derechos básicos con cooperación nacional, como proyectos educativos y productivos que aporta el SENA, entre otros ejemplos, que terminan alimentado una brecha social.
Este tipo de diferencias han hecho que la relación indígena con el Gobierno se conozca en un escenario de confrontación, donde para poder ser escuchados los indígenas levantan su voz en mingas, apoyadas cada vez más en el estallido de la protesta social. Llevan generaciones denunciando desigualdad y menosprecio, pidiendo a gritos ser escuchados y respetados, por absurda que parezca su postura frente a diferentes temas. Algunos de ellos relacionados con la justicia.
Para la sociedad en general no se concibe que un homicidio o una violación sexual se pueda sancionar simplemente con latigazos, pero poco dimensionan que quizás ese castigo puede ser más vergonzante para las comunidades indígenas que algunos años en prisión.
Para algunas comunidades indígenas no cabe en la cabeza que la pereza o el alcoholismo no sean conductas tratadas como un delito que merezca sanciones.
Es por eso que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, desde Pasto, Nariño, firmó una directiva en la que entrega a más de 5.000 fiscales lineamientos claros de cooperación con la justicia indígena, para realizar trabajos mancomunados, que cada caso sea analizado con lupa, buscando acercamientos para que dichas comunidades se sientan valoradas por sus principios y reglas autónomas, y que también sientan el apoyo nacional de las autoridades en la búsqueda de su justicia.
De hecho, para Barbosa sí se puede trabajar de la mano y eso lleva al derecho que tiene todo colombiano, sin importar su raza, a la justicia, verdad, reparación y no repetición. Pero muchas de las comunidades indígenas viven en regiones apartadas, en las que no difícilmente llegan fiscales o jueces.
Al analizar el departamento de Nariño, se puede observar que esta zona es aprovechada por grupos criminales. Por ejemplo, el pueblo indígena Awá reside predominantemente en los municipios de Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Santacruz de Guachaves y Samaniego. Solo Tumaco es el municipio que más hechos violentos aporta a la estadística de delitos en Colombia. Muchos de esos territorios están controlados por restas al servicio del narcotráfico y en oportunidades las comunidades indígenas son manipuladas por dichas estructuras.
Del pueblo Eperara Siapidara, por su parte, sus pobladores tienen asentamientos en el municipio de El Charco y Olaya Herrera en el departamento de Nariño, zonas en las que grupos ilegales históricamente se disputan el control del territorio. Hoy en día, están al menos estas organizaciones criminales: la Franco Benavides, Urías Rondón, Frente de Guerra Suroccidental - Compañía Jaime Toño Obando, la Oliver Sinisterra y la compañía Alfonso Cano.
Para que una persona denuncie un delito que se comete en El Charco o asista a audiencias en el proceso penal, tiene que ir al municipio más cercano que es Tumaco. Son horas de trayecto y tiene que pagar $400.000 para que una lancha lo acerque, señaló la magistrada María Genith Vitery, magistrada de la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, quien advirtió que la realidad de los jueces, fiscales y policía judicial es muy diferente a la que se vive en las capitales. “Pensar que los jueces lleguen en togas, solo pasa en las películas para estas comunidades”, allí muchos de los recursos para poder adelantar diligencias judiciales corren por cuenta del bolsillo de los investigadores.
El fiscal Francisco Barbosa asegura que el hecho de salir del búnker de la Fiscalía le ha permitido conocer tales realidades y tomar medidas, de tal manera que las poblaciones apartadas también sientan presencia de las autoridades y la justicia. Aseguró que esa es una de las razones por la que la Fiscalía itinerante cada vez se hace más fuerte.
En algunas regiones del país ha comisionado a fiscales en embarcaciones de la Armada Nacional que recorren los lugares más apartados y envían a fiscales especializados a puntos donde se han cometidos crímenes atroces, por lejanos que parezcan.
Barbosa es consciente de que en muchas regiones no hay acceso a la justicia, razón por la cual dice que la manera de cerrar esa brecha es construyendo puentes, así que está implementado los llamados PAF (Puentes de Atención de la Fiscalía) que actúan como una especie de corresponsal.
Estas son pequeñas oficinas que están ubicadas en las alcaldías de aquellos municipios que no tienen Fiscalía y con convenios de universidades garantizan que estudiantes de ultimo año de derecho estén guiando los procesos penales, desde la misma denuncia para que los casos no sean uno más de los archivos represados.
Para el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Acuña Vizcaya, esta es una estrategia que favorece la prueba porque no hay que esperar horas o días para poder llegar a la escena de crimen, porque con cada minuto que pasa se pueden afectar las evidencias que finalmente son las válidas ante un juez a la hora de tomar decisiones.
Por su parte, el fiscal general, mientras aborda el cuestionado avión de la entidad en el que ha realizado alrededor de 150 viajes a territorio, dijo que, contrario a lo que piensan sus contradictores –que se dedica al turismo–, en realidad está acercándose a las comunidades con las llamadas Rutas de Esclarecimiento Itinerante.
Con estas rutas, del 13 de julio al 17 de noviembre se han atendido, según sus estadísticas, a 6.776 colombianos. Se han adelantado cerca de mil investigaciones, con 126 trasladados de escritos de acusación y emitido 21 órdenes de captura.
Asegura que con este tipo de actividades se ha logrado que la comunidad vuelva a creer en la Fiscalía, incluso con las comunidades indígenas, a tal punto que han logrado resolver casos trabajado en equipo.
Un ejemplo de esto es el caso que se registró el 22 de junio de este año, cuando el CTI se puso a disposición de los indígenas awá, resguardó Piguambí Palangala, quienes las autoridades de la comunidad ancestral llevaban tratando de ubicar desde diciembre de 2020 a uno de los miembros de su linaje señalado de homicidio, porte ilegal de armas y problemas con el alcoholismo.
Con la articulación de justicia ordinaria y la indígena, capturaron al hombre y lo entregaron a su comunidad para que allí fuera juzgado y pagara la condena de 15 años de prisión impuesta por la autoridad tradicional.
Barbosa aclara que hay delitos que a pesar de que sucedan en territorio ancestral deben ser juzgados por la justicia ordinaria, según lo indica la Constitución, pero cada caso tiene una particularidad y, por eso, la importancia del diálogo.
Para los lideres indígenas este es un paso importante que se da desde el nivel central para dignificar sus raíces. Por eso, celebraron la decisión con la tradicional danza de Guáitara, en la que cuentan el mito del cacique que durante años lloró y lloró por acabar con la muerte de los indígenas, esperando justicia hasta que sus lágrimas se convirtieron en uno de los principales ríos del sur del país.