El juez cuarto especializado de Bogotá compulsó copias ante la Fiscalía General para que se abra una investigación en contra de la Primera Línea por una serie de pruebas que se conocieron en el marco del juicio en contra de tres integrantes del odenominado grupo Resistencia Portal Américas por los actos vandálicos y de tortura en el marco de las protestas que se adelantaron en abril de 2021 en el Paro Nacional.
En la decisión conocida este martes, el despacho judicial ordenó investigar los hechos que se presentaron entre abril y junio de 2021 por hechos relacionados con la tortura, la sonada, las lesiones personales y el terrorismo. “En particular se compulsarán copias ante la Fiscalía General de la Nación con el fin que se investigue la probable comisión del delito de lavado de activos en virtud a la comunicación que tuvo Marcela Ivonne Rodríguez Parra (...) mediante la cual se cita la existencia de recursos económicos provenientes de Países Bajos para presuntamente financiar refugio para ella y otras personas que intervinieron en la protesta”.
En la extensa decisión, el despacho judicial igualmente compulsó copias para que se investigue “la comisión de conductas delictivas en las que Jaime Eduardo Castro Murcía, por instrucción de Marcela Ivoone Rodríguez Parra para que fuera agredido en su integridad personal por alias Nick y otros sujetos frente a los cuales este aseguró que podía reconocer”.
Este martes, Sergio Andrés Pastor González, alias 19; Francisco Urrea Martínez y Marcela Ivonne Rodríguez Parra fueron condenados a 14 años y medio de prisión por los hechos que rodearon la retención de Jaime Eduardo Castro Murcía, un carpintero que pasaba por la zona de las manifestaciones en la noche del 4 de junio de 2021, y a quien acusaron de ser un integrante de la Policía Nacional.
El hombre -según las pruebas documentales y testimoniales. fue robado, herido con arma blanca, amarrado a un árbol, para acto seguido arrojarle pintura sobre su humanidad. Los manifestantes, liderados por alias 19, le rosearon gasolina con la amenaza de prenderle fuego. Después de dos horas de torturas, el carpintero fue dejado en libertad gracias a la intervención de la ciudadanía y de los gestores de convivencia del Distrito.
Pocos días después, radicó la respectiva denuncia ante la FIscalía General, señalando que pudo identificar de vista a varias de las personas que lo retuvieron y torturaron. Fue así como se inició la identificación de estos manifestantes.
Pastor González, Urrea Martínez y Rodríguez Parra fueron identificados por otros testigos como las personas encargadas de instalar campamentos improvisados cerca del Portal Américas, en el suroccidente de Bogotá. En estos puntos se abastecieron de botellas, líquidos inflamables, sustancias químicas, las cuales fueron utilizadas a la hora de realizar actos vandálicos en contra de la infraestructura y atentar contra la vida de los agentes de la Fuerza Pública que fueron enviados para controlar el orden público.
No fue una protesta
En la lectura del fallo, el juez dejó en claro que los tres procesados se alejaron totalmente del princpio de protesta para adelantar actividades vandálicas y acciones en contra de la población civil y la Fuerza Pública. Con sus acciones -advirtió- pusieron en riesgo la tranquilidad y calidad de vida de las personas que viviían cerca de la zona puesto que todas las noches tuvieron que soportar los enfrentamientos.
Igualmente, adelantaron un acto inhumano al retener a una persona y sin ninguna prueba amenazarla asegurando que era un policía infiltrado. Este hombre sufrió afectaciones psicológicas y traumatismos por las acciones que en su contra se ejecutaron.