En el marco del seminario ‘Aspectos relevantes del Derecho Disciplinario’, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco, reafirmó la importancia del derecho disciplinario como herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción en Colombia. Durante su intervención, destacó la función sancionatoria que se aplica a todos los servidores públicos, incluyendo aquellos que son elegidos por el voto popular.
La jefe del Ministerio Público resaltó la importancia de la decisión adoptada por la Corte Constitucional, la cual refuerza la relevancia del derecho disciplinario y de la Procuraduría General de la Nación como órgano de control y defensor de los derechos de los ciudadanos.
“Esa decisión ha demostrado la necesaria compatibilidad entre los conceptos de disciplina, los servidores públicos y la sociedad, con el fin de proteger los fines esenciales del Estado”, precisó la procuradora.
Cabe recordar que el derecho disciplinario, según la Superintendencia de Industria y Comercio, “es el instrumento legal por medio del cual el Estado regula el comportamiento de su personal, fijando deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas, con el objetivo de garantizar la obediencia, la disciplina y el comportamiento ético”.
Cabello, recordó que la Procuraduría es un órgano autónomo e independiente frente a todos los funcionarios públicos del Estado, y aunque esta función no sea siempre “bien recibida”, es su deber constitucional imponer la disciplina en la República de Colombia.
“Función que no gusta, porque la Procuraduría General de la Nación es la que impone la disciplina en la República de Colombia y eso molesta y duele, e impone choques naturales entre los órganos de gobierno y control, pero es nuestra función constitucional y para eso estamos”, sostuvo.
La procuradora destacó los beneficios del Código General Disciplinario, resaltando la separación de las funciones de investigación y juzgamiento, la implementación de la doble instancia y la doble conformidad, así como la creación de la Sala de Juzgamiento de Funcionarios Públicos de Elección Popular.
Asimismo, hizo hincapié en que la Procuraduría ha establecido un riguroso orden jurídico disciplinario para combatir los actos de corrupción y la ineficiencia administrativa en el país.
Margarita Cabello enfatizó que el ejercicio de la función disciplinaria no debe ser visto como un “capricho o una decisión arbitraria”, sino como una función esencial para el cumplimiento de los fines del Estado. Destacó que el derecho disciplinario forma parte del sistema de frenos y contrapesos adoptado por la Constitución, ya que ningún servidor público puede anteponer sus intereses personales en detrimento del interés general.
“Debemos tener claro que el derecho disciplinario, como expresión del derecho sancionador, fortalece la democracia, el respeto de los derechos y contribuye a establecer un orden más justo en nuestro país”, concluyó la procuradora general.
Procuradora advierte sobre recursos de regalías
Por otra parte, la procuradora Margarita Cabello Blanco emitió una advertencia contundente durante su intervención en el tercer foro de ‘Avances del Proceso Electoral’. En su discurso, expresó su determinación de no permitir que los recursos destinados para el Sistema Nacional de Regalías sean utilizados con fines políticos.
La jefe del Ministerio Público resaltó en que la contratación pública mediante recursos de regalías es “el hueco por donde se cuelan los desfalcos por parte de los funcionarios públicos”. Además, subrayó la preocupación adicional que representa el año electoral, afirmando que “nuestro ojo está puesto en toda la contratación pública y en todas las obras con regalías, porque la intención de usar estos recursos con fines políticos personales es muy grande, y hay que estar vigilantes”.
Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales y regionales para garantizar la transparencia y el derecho al voto, especialmente en diez municipios de seis departamentos del país que presentan un riesgo latente para el proceso democrático debido a temas relacionados con la seguridad ciudadana, como la presencia de grupos armados y delitos electorales.
“La segunda versión del mapa de percepción de riesgo socializado por el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral de la Policía Nacional, expone diez municipios que requieren atención prioritaria”, señaló la Procuradora, mencionando regiones como: El Bagre (Antioquia), Argelia (Cauca), Puerto Libertador, San José de Uré y Tierra Alta (Córdoba), San Andrés de Tumaco (Nariño), Cúcuta y Tibú (Norte de Santander), Buenaventura y Jamundí (Valle del Cauca).
Cabello Blanco destacó la complejidad de las elecciones de este año, con aproximadamente 120.000 candidatos que aspiran a cargos de autoridades locales, departamentales y corporaciones públicas. “Es decir, pasamos de tener 2.822 candidatos en las elecciones nacionales a tener, más o menos, ciento 120 mil”, aseguró.
Finalmente, resaltó la convivencia del sistema de listas abiertas o voto preferente con el de listas cerradas, “lo cual implica un gran reto tanto para la Organización Electoral como para el Estado colombiano”.