Para la Procuraduría General, hay falta de transparencia en los resultados de la Reforma Rural Integral, especialmente en relación con la meta de entregas de tierras. Por eso, le solicitó un informe al director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Gerardo Vega Medina, para precisar los impactos de la reforma.
El ente de control ha emitido alertas en repetidas ocasiones, señalando imprecisiones en los datos reportados por la ANT. En el informe requerido, el director de la ANT deberá presentar los avances e indicadores en el actual periodo de Gobierno, incluyendo la base de datos con el registro y detalle de las adjudicaciones de bienes fiscales y las formalizaciones de predios privados, así como la gestión del Observatorio de Tierras Rurales para el año 2023.
El requerimiento se basa en el “Informe sobre el estado de avance de la implementación de las estrategias de acceso a tierras y uso del suelo rural contempladas en al Acuerdo de Paz”, publicado en enero de 2021 por la Procuraduría, “donde expuso que el área formalizada en el periodo 2017-2020 (hectáreas adjudicadas y registradas en las correspondientes ORIP durante el periodo de implementación del Acuerdo de Paz) sería de 913.548 has y no 1.966.691.1 has como se informa por la ANT, con una diferencia de 1.053.142,2 hectáreas menos. Para el ente de control no es claro por qué la ANT estaría sumando como logros de la implementación del Acuerdo de Paz resultados previos a la firma del mismo”.
La Procuraduría recalcó que la información divulgada debe corresponder con los indicadores establecidos para su seguimiento y no incluir resultados previos a la firma del acuerdo de paz como logros de su implementación. Además, insistió en que los datos deben informar sobre realizaciones sustanciales del actual gobierno, más allá de debates técnicos sobre los indicadores.
El informe solicitado por la Procuraduría será incluido en el informe que el Ministerio Público presentará próximamente ante el Congreso de la República, sobre el estado de avance de la implementación del acuerdo de paz.
La advertencia de Gustavo Petro sobre compra de tierras
Sigue la polémica frente al artículo que incluyó el gobierno del Pacto Histórico en el Plan Nacional de Desarrollo y que habla sobre una figura de ‘expropiación exprés’. En primer lugar, el presidente Gustavo Petro indicó que su intención es corregir el artículo vigente en la ley que habilita la drástica herramienta de la expropiación de tierras, pero señaló que de no tener modificaciones, “el procedimiento legal vigente es la expropiación”.
“Mi amigo Espinoza, si usted mira el artículo vigente en la ley 160 de 1994 que queremos corregir, observará que la ley habla de expropiar, que es preciso lo que queremos corregir. Si no se hace, el procedimiento legal vigente es la expropiación”, explicó el mandatario a través de su cuenta de Twitter.
El tema de la expropiación configura uno de los elementos por los que algunos sectores temían que Gustavo Petro llegara al poder. De hecho, la discusión abarcó numerosos debates en época de campaña, por lo que la aparición de este término en el Plan Nacional de Desarrollo no resulta menor.
Sin embargo, con su exposición en Twitter, el mandatario quiso despejar algunas dudas que rodean la figura de ‘expropiación exprés’ contemplada en el polémico artículo.
En el cruce de trinos, el jefe de Estado señaló que la crítica debe ser sobre el artículo que realmente se propuso y no frente a uno que -según dijo- ya fue retirado.
Sin embargo, la proposición que motivó el debate aparece firmada por el representante a la Cámara, Jorge Bastidas, quien milita en las filas del Pacto Histórico. Puntualmente, en el documento se lee: “La Agencia Nacional de Tierras procederá en primer lugar a celebrar una negociación directa para adquirir los predios. Si esta etapa se agota sin acuerdo con el propietario, podrá declarar el predio como de utilidad pública para la reforma rural integral”.