SEMANA conoció las conclusiones de la segunda reunión que convocó la Procuraduría General de la Nación con todos las entidades del Gobierno nacional competentes, para conocer los avances del borrador de decreto que prepara para ponerle topes a la venta de Viviendas de Interés Social (VIS) y Viviendas de Interés Prioritario (VIP).
El encuentro, que tuvo participación del Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Planeación, autoridades de supervisión y gremios del sector, terminó con una nueva petición de la Procuraduría para tener mayores elementos de juicio que permitan evaluar la eventual expedición del acto administrativo.
Esa tiene relación con los estudios que sustentan la eliminación del régimen excepcional de los 150 salarios mínimos legales vigentes, la suficiencia del tope general, el impacto sobre proyecto en ejecución y en preventiva, y la definición de un régimen de transición.
Así mismo, el Gobierno deberá enviar un análisis jurídico de la potestad reglamentaria, los posibles efectos sobre la oferta y la demanda de vivienda con la expedición de ese decreto; con esa petición se busca garantizar que la iniciativa este soportada en evidencia técnica robusta y análisis integral de riesgos.
Esta revista conoció que las mesas técnicas de la Procuraduría se han dado en medio de una actividad de prevención sobre la seguridad jurídica, la protección de los hogares colombianos y la estabilidad contractual del sector inmobiliario. La intervención también ha permitido identificar elemento críticos como la sostenibilidad financiera del sistema de vivienda y la protección de los hogares de menores ingresos.
El pasado 9 de marzo, la Procuraduría delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública explicó que esos encuentros permitirían identificar cualquier tipo de riesgo que pueda ocasionar dicha iniciativa y la propuesta de fijar el precio de la vivienda VIP y VIS en pesos colombianos.
Sin embargo, el ente de control ya había detectado serios riesgos en el decreto que prepara el gobierno Petro, como ausencia de reglas claras y uniformes en las promesas de compraventas, desistimientos forzosos y litigios posteriores que podrían afectar a población vulnerable.
Hace pocas semanas el Gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Hacienda, publicó el borrador de decreto con el que pretende no vender en salarios mínimos, sino en pesos, las viviendas VIP y VIP, siempre y cuando el comprador firme una promesa de compraventa.
Desde la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtieron riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda con ese decreto que propone fijar el precio de la vivienda en Colombia. Para el gremio, la iniciativa produciría un efecto de control artificial de precios que no reduce el valor de los inmuebles en el país.