La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) lanzó una alerta por los riesgos jurídicos y de acceso a la vivienda que, a su juicio, implicaría el borrador de decreto del Ministerio de Vivienda que propone fijar el precio de la Vivienda de Interés Social (VIS) exclusivamente en pesos y prohibir su referencia al salario mínimo desde las etapas iniciales de comercialización. Para el gremio, la iniciativa introduce un control artificial de precios que no reduce el valor de las viviendas y, por el contrario, podría traducirse en menor oferta y mayores barreras para miles de familias que buscan adquirir vivienda formal.
Según Camacol, la propuesta desconoce el marco legal vigente, que permite fijar el valor de la VIS tanto en pesos como en salarios mínimos y establece que el precio definitivo es el vigente al momento de la escrituración. En ese sentido, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo del gremio, advirtió que el proyecto “genera serias dudas sobre las facultades legales del Ejecutivo para intervenir de manera directa el mercado de vivienda y altera reglas clave que dan viabilidad a los proyectos VIS”
El dirigente recordó que la vivienda no es un bien de consumo inmediato y que su desarrollo —desde la planeación y preventa hasta la construcción y entrega— puede tomar entre cuatro y cinco años. Durante ese periodo, explicó, se presentan variaciones en costos de materiales, tasas de interés y regulaciones, lo que exige ajustes razonables de precios para preservar la sostenibilidad financiera de los proyectos. Cambiar las reglas desde las etapas iniciales, añadió, afectaría además el acceso de los hogares a instrumentos clave de la política de vivienda, como subsidios de cajas de compensación y entidades territoriales, así como condiciones de crédito y tasas preferenciales, que se determinan con base en el valor al momento de la escrituración.
La preocupación del sector se da, además, en un contexto de presión creciente sobre los costos. Camacol estima que el incremento del 23% del salario mínimo podría elevar entre 10% y 15% los costos de construcción de la nueva oferta de vivienda, en una actividad altamente intensiva en mano de obra. El gremio también señaló que ha trabajado de manera coordinada con la Superintendencia de Industria y Comercio para aclarar los mecanismos de indexación y que, en ningún caso, se ha prohibido la venta de viviendas referenciadas al salario mínimo, siempre que se informe con claridad al comprador.
Camacol hizo un llamado al Gobierno a revisar la iniciativa desde un análisis técnico responsable, sin descalificaciones. Esto teniendo en cuenta que los principales afectados son los compradores de vivienda de clase media, que son quienes acceden a la VIS.
Herrera aclaró que los compradores que ya están a punto de escriturar su vivienda no sentirían el impacto, pues ya los ajustes a los precios son mínimos. El problema está principalmente en los proyectos nuevos, que apenas iniciarían su etapa de ventas, pues en ellos es difícil poder determinar desde ya un precio fijo en pesos de una obra que se entregará en tres o cuatro años.
Esa incertidumbre dificulta la consecución de financiamiento para los constructores y para los compradores, al tiempo que también complicaría la entrega de subsidios, pues no sería posible garantizar que en efecto el precio va a estar dentro de los topes establecidos para que una vivienda sea considerada VIS.
