Hace algunas semanas, el Gobierno Nacional anunció que presentaría un decreto con el que buscaría desindexar el precio de la vivienda de interés social (VIS) al salario mínimo, con el fin de evitar que el incremento de este valor cada año golpee los precios de las viviendas que adquieren millones de colombianos.
Luego del anuncio, el Gobierno materializó la propuesta al publicar un borrador de decreto, prohibiendo que se hagan las negociaciones en salarios mínimos. El precio ahora se establecerá en pesos colombianos y en ningún caso el precio quedará sujeto a mecanismos de indexación automática asociados al salario mínimo legal mensual vigente.
Aunque el decreto aún no ha sido sancionado en firme, lo cierto es que ya son varias las opiniones respecto a la idoneidad de la propuesta y los efectos que tendría en el sector de la construcción especialmente.
Son varios los congresistas que afirman que esta decisión no podría darse por decreto, puesto que los topes de Vivienda de Interés Social fueron fijados en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo por salarios mínimos, lo que significa que para modificar esta medida, la propuesta debe pasar por el Congreso y ser aprobada, no basta solo con firmar y emitir un decreto presidencial.
Además, en la práctica, la medida sería altamente nociva para las constructoras, teniendo en cuenta que para el mercado de vivienda y la fijación de precios, siempre se deben tener en cuenta ajustes anuales que se hacen como el salario mínimo, las tasas de interés, la inflación, los costos para constructoras, licencias, entre otros.
Esto podría significar el cierre de proyectos de VIS en las ciudades, además del encarecimiento para muchas familias desde el inicio de la compra y un disparo en el número de desistimientos de compra de vivienda. Esto impactaría directamente a los hogares de menores ingresos, a quienes les quedaría más difícil adquirir una vivienda.
Un menor número de proyectos significa una menor disponibilidad de unidades habitacionales, lo que a su vez podría provocar que haya un aumento en la demanda de vivienda usada y consigo un incremento en los precios de los arriendos.
