En la tarde de este lunes, 20 de marzo, una comisión de la Procuraduría Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública realiza una visita administrativa a la sede principal de la Nueva EPS, en Bogotá.
La delegación, según señala el oficio de vigilancia preventiva, solicitará documentos y acceso a sistemas, así como explicaciones, a la Superintendencia de Salud y al recién nombrado agente interventor, Jorge Iván Ospina, sobre el proceso de intervención.
“Se pone de presente el alcance y límites de la función preventiva integral, la cual busca anticiparse y evitar la ocurrencia de hechos que afecten los derechos de las personas, mediante la detección y advertencia temprana de riesgos en la gestión pública”, señala el documento de la Procuraduría General.
La visita tiene como finalidad la revisión del trámite de intervención de la Nueva EPS en el marco de una vigilancia preventiva que está consignada en la Constitución Política y la ley.
“La actuación preventiva se desarrolla en forma independiente de las demás funciones misionales de la Procuraduría General de la Nación y no implica en medio alguno la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”, señala el documento.
“En esta órbita, la Procuraduría no explica conceptos, avales o aprobación frente a documentos producidos o actuaciones desplegadas por los sujetos de la vigilancia, de allí que las recomendaciones efectuadas no obliguen a los vigilados”, añade.
Las dudas del agente interventor
La reciente designación del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, como agente interventor de la Nueva EPS generó una oleada de críticas por parte de diferentes sectores políticos y de la salud.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) manifestó su preocupación tanto por la llegada de Ospina como por el nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, como superintendente nacional de Salud.
“Advertimos con profunda preocupación que, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes en el sistema de salud colombiano, el posible nombramiento de Daniel Quintero como superintendente nacional de salud y la llegada de Jorge Iván Ospina a la intervención de Nueva EPS no nos generan confianza. Por el contrario, aumenta la incertidumbre, profundiza el riesgo y nos envía un mensaje a los pacientes del país”, advierte la carta.
Esa federación aseguró que los interrogantes sobre Quintero son “legítimos” porque la Constitución exige que un cargo como el de superintendente de salud se ejerza con moralidad. Ese aspecto, a juicio de la Federación, implica que el funcionario que ostenta un cargo ejecute sus funciones con pulcritud y confianza pública.
“Aunque serán las autoridades competentes las que determinen las responsabilidades, hoy su nombre está rodeado de procesos e investigaciones ampliamente conocidas. Ese contexto, por sí solo, disminuye la confianza que debe inspirar ese cargo”, detalló esa agremiación dedicada al estudio de las enfermedades raras en el país.
La Federación agregó que en la designación de Ospina en Nueva EPS hay una preocupación “seria” porque el médico y exalcalde de Cali “también llega con un historial de cuestionamientos, procesos e investigaciones conocidas públicamente”.