En la tarde de este martes, 9 de junio de 2026, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron un balance sobre la situación ambiental de Santander. Las entidades confirmaron que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible mantiene desatendida la orden de la Corte Constitucional emitida hace ocho años para delimitar el Páramo de Santurbán.
De acuerdo con el documento oficial de control, la falta de una línea divisoria clara en el ecosistema ha facilitado el aumento de la minería ilegal en la zona. Las autoridades de control señalan vacíos informativos recurrentes y demoras por parte de la cartera ministerial en el desarrollo de las fases técnicas.
La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo concluyeron en su informe que “los hechos advertidos permiten evidenciar indicios de un incumplimiento estructural y continuado de las obligaciones estatales orientadas a garantizar un proceso de delimitación participativo, transparente y ajustado a los parámetros constitucionales”.
Paralización de mesas de concertación y traslado a la Fiscalía
El reporte del Ministerio Público revela que la inactividad institucional se agudizó durante los primeros cuatro meses de 2026, periodo en el cual no se llevó a cabo ninguna de las 15 mesas de diálogo con la comunidad que el propio ministerio había fijado en su agenda de trabajo.
Ante la persistencia de las omisiones operativas y los daños reportados en el territorio, los organismos de control remitieron los hallazgos a la justicia penal. La documentación busca determinar la responsabilidad de los funcionarios implicados en las demoras normativas.
Las entidades de control manifestaron en el texto que “se dará traslado a la Fiscalía General de la Nación de este informe con sus anexos para lo de su competencia, específicamente en lo relacionado con el desarrollo de actividades de minería ilegal dentro del área del páramo”.
Falta de transparencia en zonas de reserva temporal
El informe conjunto detalla anomalías respecto a la Zona de Reserva Temporal implementada en 75.000 hectáreas de seis municipios de la provincia de Soto Norte y Bucaramanga. Según la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente omitió entregar los soportes técnicos de las resoluciones expedidas en 2025.
La ausencia de estos documentos ha limitado las funciones de vigilancia estatal y vulnerado el acceso a la información pública. Esta reserva territorial afecta directamente el ordenamiento de localidades como Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y la capital santandereana.
Voceros de las comunidades mineras locales señalaron que la imposición de la zona de reserva se realizó en un lapso de 97 días sin concertación con los habitantes. Los trabajadores del sector denunciaron que el proceso vulnera sus derechos laborales mientras el proyecto de delimitación central completa más de 2.920 días suspendido.