Prosperidad Social (DPS), entidad que coordina y ejecuta las políticas, programas y proyectos para la superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios y la atención y reparación a víctimas de la violencia, firmó 10 convenios interadministrativos para realizar obras de infraestructura en nueve departamentos.

Así lo anunció la directora general de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, en el marco de la reunión con el Consejo Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios).

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Según informó la entidad, los departamentos en los que se realizarán obras son Atlántico, Caldas, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Nariño, Risaralda y Sucre.

Entre las obras convenidas están plazas de mercado en El Copey (Cesar), Cereté (Córdoba), Riohacha y Arboleda (Nariño); y la construcción de infraestructura vial urbana y rural en los municipios de Baranoa (Atlántico), Norcasia y Pensilvania (Caldas), Rio Quito (Chocó), El Banco (Magdalena), Santa Rosa de Cabal, (Risaralda) y Sampués (Sucre).

Los convenios resultan de la Convocatoria 001 de 2020 y buscan promover la construcción de infraestructura social y proactiva. Cabe señalar que hasta el momento, hay 689 obras de infraestructura social y productiva finalizadas y entregadas, mientras que en ejecución hay 321, con una inversión de más de 1,7 billones de pesos.

Susana Correa aseguró que la inversión en estas obras supera los 40.000 millones de pesos. “Estos 10 convenios se suman a los 161 que ya hemos firmado por más de 315.827 millones de pesos, para obras de infraestructura social y productiva en 27 departamentos”, dijo la funcionaria, que participó en el panel Transición para la aplicación del Sisbén IV en los programas de apoyo para las familias en pobreza y en vulnerabilidad.

La encuesta se debe solicitar en la oficina respectiva de cada municipio. Foto: Archivo Particular - Cortesía

Por otro lado, la entidad señaló que la transición del Sisbén lll al Sisbén lV durará 16 meses, tiempo que la entidad definió para informar a los actuales beneficiarios sobre la terminación de la fase lll y los cambios que trae la nueva.

Esta fase también incluye ajustes para una modernización en la manera de manejar los programas de prosperidad social. Además, durante este tiempo los beneficiarios e interesados podrán solicitar la encuesta Sisbén lV o actualizar la información que les permita participar en otros procesos de inscripción para la nueva fase del programa.

Una vez concluida la transición, quienes reciben ayudas del Estado quedarán en firme en la lista de beneficiarios o podrían salir de ella, dependiendo de las depuraciones que se apliquen a partir de ahora.

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Lo establecido hasta el momento, como argumento para modernizar ese insumo clave para la identificación de los beneficiarios de ayudas del Estado, es que las condiciones de vida de los hogares cambian en el tiempo y los programas sociales requieren información confiable y actual para priorizar sus ayudas.

El gran cambio en el Sisbén IV es precisamente el enfoque, el cual, ahora estará más centrado en la capacidad de generar ingresos de los hogares, y a sus condiciones de vida, así como a las condiciones de su entorno.

En múltiples ocasiones, algunas de las críticas a este modelo de identificación de la población vulnerable, fue que desestimulaba el progreso de las familias, muchas de las cuales, para permanecer en la base de datos y recibir las ayudas, no mejoraban las condiciones de la vivienda, por ejemplo.