La reconocida marca de ropa interior Lili Pink, con presencia en cientos de tiendas en Colombia y otros países, enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia tras los operativos de la Fiscalía General de la Nación, que la vinculan con una presunta red de contrabando y lavado de activos.
Las diligencias, que se desarrollaron en más de 300 establecimientos en todo el país, hacen parte de un proceso de extinción de dominio que podría llevar a que los bienes de la empresa pasen a manos del Estado.
De acuerdo con las autoridades, la investigación no es reciente. Se trata de un proceso que se viene adelantando desde 2022 y que apunta a determinar si la compañía habría sido utilizada como fachada para ingresar mercancía ilegal y dar apariencia de legalidad a recursos ilícitos.
¿Quiénes están detrás de Lili Pink?
La empresa hace parte de la sociedad Fast Moda S.A.S. y fue fundada por los empresarios Max Abadí y su hijo David Abadí, una familia con amplia trayectoria en el sector textil colombiano.
Los Abadí son descendientes de Hyman Abadí, fundador de la histórica textilera Lafayette, y además han desarrollado otras marcas como Yoi y Unique, consolidando un importante grupo empresarial en el país.
Sin embargo, esa expansión acelerada, con más de 500 puntos de venta y presencia internacional, es precisamente uno de los aspectos que hoy está bajo la lupa de las autoridades, que investigan el origen del capital que permitió ese crecimiento.
Según las investigaciones, la red detrás del caso habría movido más de $730.000 millones de pesos a través de operaciones relacionadas con importaciones irregulares, subfacturación y uso de empresas fachada.
Además, se habla de posibles delitos como:
- Lavado de activos
- Contrabando por más de 75.000 millones de pesos
- Enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones
Todo esto mediante un esquema que incluía importadoras, comercializadoras y sociedades de papel para introducir mercancía desde Asia y distribuirla en el país.
¿Qué pasará con las tiendas y los bienes?
Con el avance del proceso de extinción de dominio, varios bienes de la compañía ya están siendo intervenidos y podrían quedar bajo administración del Estado.
Ahí entra la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los bienes incautados mientras se define su situación jurídica.
En la práctica, esto significa que:
- Las tiendas no necesariamente cerrarán de inmediato.
- Seguirán operando bajo control estatal.
- Los ingresos y activos pasarán a ser administrados por la SAE.
Este mecanismo busca evitar que los bienes pierdan valor mientras avanza el proceso judicial.
De hecho, las autoridades ya han impuesto medidas cautelares sobre cientos de locales, inmuebles, vehículos y sociedades vinculadas a la marca.
Uno de los puntos que más preocupa es el futuro laboral de miles de empleados. Frente a esto, tanto la empresa como las autoridades han señalado que se busca garantizar la continuidad de las operaciones y la estabilidad de los trabajadores mientras se resuelve el caso.
Lili Pink, por su parte, aseguró que está colaborando con las autoridades y que espera que se proteja la imagen de la empresa y el empleo de sus colaboradores mientras avanza el proceso.