En una zona rural del municipio de Piendamó, Cauca, Engel Cattleya Valencia, una mujer trans de 25 años, sufrió un caso de discriminación luego de que el registrador municipal le impidiera inscribirse como candidata a las elecciones del Consejo de Juventud para el periodo 2026-2030.
Ante esa situación, Valencia interpuso una acción de tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil para que la Corte Constitucional protegiera varios de sus derechos, que, según consideró la entonces aspirante al Consejo de Juventud de su municipio, fueron vulnerados por el trato que recibió durante su proceso de inscripción como candidata.
El caso se originó cuando Valencia realizó el trámite de cambio de nombre y corrección del componente de género en sus documentos de identificación. Sin embargo, esas modificaciones no quedaron registradas en la plataforma virtual dispuesta por la Registraduría para adelantar ese tipo de procesos.
Al momento de verificar la información en el sistema, la mujer trans seguía apareciendo con el marcador de género masculino, lo que impidió que su aval político fuera válido, como lo exigen las reglas de paridad para las listas de los consejos municipales de juventud.
Por esa razón, la Corte Constitucional concluyó: “El registrador municipal de Piendamó vulneró los derechos a la dignidad humana, a la igualdad y no discriminación y a la identidad de género de la accionante. De acuerdo con la declaración tomada a Engel Cattleya Valencia Paja, el partido político Dignidad & Compromiso, previo a conceder el aval a su candidatura, le solicitó un certificado de documento en trámite para poder adelantar la inscripción a los CMLJ, debido a que la accionante había adelantado recientemente el cambio de su nombre y la corrección del componente de género en su cédula de ciudadanía”.
Esa decisión fue confirmada por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Lina Escobar Martínez, Vladímir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, quienes ampararon los derechos de la joven a la dignidad humana, la igualdad, la no discriminación, la identidad de género y la participación política.
En consecuencia, la Corte ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil identificar las barreras administrativas que se han presentado para las personas trans que desean participar en política e implementar, de cara a las próximas elecciones, un sistema de inscripción virtual con perspectiva de género, con el fin de eliminar esos obstáculos.