SEMANA: Usted alertó al país por una resolución del Gobierno. ¿De qué se trata?
Julia Miranda: Se trata de una resolución del Ministerio de Agricultura que pretende ampliar la frontera agrícola incluso sobre áreas de protección y preservación ambiental, sin presentar siquiera la cartografía de soporte y sin una socialización previa y suficiente como lo ordena la ley. Varias personas, algunas a nombre propio y muchas otras representando entidades y organizaciones, hemos escrito una carta a la ministra de Agricultura señalando estas graves preocupaciones. Le solicitamos suspender la expedición de la resolución y abrir la discusión.
SEMANA: Si es aprobado, ¿qué está en riesgo?
J.M.: Están en riesgo dos cosas: en primer lugar, el patrimonio natural de los colombianos representado en ecosistemas fundamentales que nos aseguran el ciclo hidrológico, la biodiversidad y la resiliencia climática; en segundo lugar, está en riesgo la efectividad de los derechos de poblaciones campesinas que requieren tierras productivas y seguras.
SEMANA: Ustedes han hecho un llamado para proteger los páramos. ¿Por qué?
J.M.: El país ha logrado tomar conciencia del papel de los páramos en la regulación hídrica, pero también su relación con las selvas y con los otros ecosistemas. Seguir alterándolos puede traer consecuencias irreparables. Debemos esforzarnos para frenar el deterioro, salvaguardar lo que aún tenemos conservado, restaurar buena parte de lo que hemos deteriorado y brindar alternativas productivas sostenibles a sus habitantes.
SEMANA: ¿Cuál es el estado de protección hoy de los ecosistemas estratégicos?
J.M.: Realmente este tema nos preocupa mucho. Las cifras que nos entregan los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (Sina) deben generarnos alerta y comprometernos a frenar el deterioro. El año anterior perdimos 113.608 hectáreas de bosque natural y de estas 79.256 hectáreas; es decir, el 68 por ciento ubicadas en el bioma amazónico. El 10 por ciento de esta deforestación ocurrió incluso dentro de áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, las áreas más biodiversas y especiales, dentro de ellas el Chiribiquete, declarado Patrimonio de la Humanidad. En el año 2023, el 31 por ciento de la deforestación ocurrió en zonas de reserva forestal establecidas por la Ley 2 de 1959. No podemos seguir permitiendo que esto ocurra y mucho menos aceptar que el Gobierno lo incentive o lo regularice con resoluciones como la propuesta por el Ministerio de Agricultura.
SEMANA: Usted fue directora de Parques Nacionales. Hoy hay miles de hectáreas de coca sembradas allí. ¿Qué hacer?
J.M.: El crecimiento de las áreas con cultivos de coca es una situación preocupante y con mayor razón cuando estos cultivos llegan después de deforestar la selva y transformar nuestras áreas protegidas. Allí la actuación del Estado exige mayor rigor y contundencia.
SEMANA: Sin erradicación forzosa, como acaba de proponer el presidente, y sin aspersión aérea, ¿ve viable sacar esos cultivos de esos refugios naturales?
J.M.: La política nacional de lucha contra los cultivos de uso ilícito debe ser integral y tener enfoques diferenciales. No podemos renunciar a ninguna estrategia, pero tampoco desconocer enfoques que deben hacerlas distintas. En parques nacionales y en sus zonas aledañas implementamos proyectos que fueron exitosos para la sustitución de los cultivos ilícitos y logramos resultados concretos en erradicación voluntaria. Este Gobierno ha incumplido los compromisos con las comunidades: no ha pagado los incentivos para no deforestar y no hay continuidad en el apoyo a proyectos productivos. Ahora quiere también reducir la plata del impuesto al carbono. Pareciera que el Gobierno no tiene ningún plan para combatir los cultivos de coca. Está dejando a los campesinos en el marco de una economía totalmente ilícita y del control territorial ejercido por los grupos armados.
SEMANA: ¿Y la fumigación?
J.M.: No puede realizarse dentro de los Parques Naturales, por decisión de la Corte Constitucional. Allí la estrategia debe tener otros enfoques. Si el Gobierno propone volver a utilizarla fuera de los parques, debe brindar las certezas que garanticen una acción sin daño, la protección del ambiente y la salud humana.