Ricardo Roa Barragán se convertirá en un caso particular para la justicia de Colombia. Se trata del primer gerente de una campaña presidencial imputado por delitos electorales, aunque la diligencia se aplazó tras una aclaración de la defensa.

El exgerente de la campaña Petro Presidente 2022 terminó vinculado a una investigación por el enredo en las cuentas de la primera y segunda vuelta presidencial.

El proceso contra el actual presidente de Ecopetrol, en vacaciones y con licencia no remunerada, se convertirá en materia de discusión en clases de derecho penal. Los cambios en la justicia para convertir en delitos lo que antes eran contravenciones al Código Electoral lo dejarán en el primer renglón de imputados por violación de topes electorales, en calidad de gerente.

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía explicó que Roa, como gerente de la campaña Petro Presidente, era responsable de las actividades e informes que se presentaban al Consejo Nacional Electoral (CNE). Justamente esos informes se convirtieron en los elementos de prueba de la imputación de cargos por violación de topes electorales.

De acuerdo con la evidencia, los informes de la primera y segunda vuelta presidencial tenían información que no correspondía o estaba en la coyuntura equivocada. En criterio de los investigadores, se trató de una enumeración de gastos desordenados, algunos alterados o incluso manipulados para evitar sobrepasar los topes electorales.

Estos son los detalles de la imputación de cargos contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro en 2022.

“En la primera vuelta, la campaña reportó en Cuentas Claras gastos por 28.384.680 y a ese valor se le suman los gastos no reportados o reportados parcialmente, los cuales suman 1.193.929.890 pesos, así como el ajuste neto por reclasificación entre vueltas equivalente a 345.982.836”, dijo el fiscal Elkin Ardila Espinosa.

Entre los informes, la Fiscalía encontró facturas que, al ser contrastadas con quienes suministraron, supuestamente, esos servicios, no correspondían a la actividad que desarrollaron; en algunos casos ni siquiera se prestó la actividad, pero se incluyeron en la relación de gastos tanto de la primera como de la segunda vuelta presidencial.

Para la Fiscalía es clara la responsabilidad que tendría Ricardo Roa en los hechos materia de investigación, de ahí la necesidad de hacer la imputación de cargos mientras se adelantan otras fases de la investigación del proceso que podría vincular a más personas y por financiación ilegal de campañas electorales.

“Se habrían ejecutado gastos por 770.148.964 que no fueron reportados a Cuentas Claras. Una vez se hacen estas operaciones, pues no solamente excede, sino que se observa que esos gastos no fueron reportados en su totalidad, en este caso pese a corresponder a pagos por servicios y apoyos efectivamente destinados a la campaña presidencial Petro Presidente”, dijo el fiscal.

La defensa de Roa pidió varias aclaraciones en la imputación de cargos, tras advertir que los informes y los datos registrados en las cuentas de la campaña presidencial deben ser contrastados con los hechos jurídicamente relevantes. El juez suspendió la diligencia para que la Fiscalía responda las inquietudes del abogado.

Durante la imputación de cargos se conocieron algunos detalles de la investigación, la evidencia que advierte la presunta responsabilidad de quien es considerada la mano derecha del presidente Gustavo Petro, el mismo encargado de la revisión, verificación y confirmación de los recursos entregados para la campaña presidencial.

La audiencia continuará este lunes a las 4 de la tarde. La Fiscalía responderá a varias solicitudes de aclaración elevadas por la defensa de Ricardo Roa.