Ricardo Roa está en líos con la justicia. La imputación de cargos que anunció la Fiscalía no es un simple trámite. Es el resultado de una larga, rigurosa y compleja investigación cargada de evidencia y elementos de prueba que demostrarían cómo el ahora presidente de Ecopetrol habría incurrido en el delito de violación de topes electorales.
SEMANA conoció los detalles del expediente contra el entonces gerente de la campaña de Petro en 2022 y que advierten sobre la presunta responsabilidad del funcionario en los hechos materia de investigación. Roa y su defensa saben de las implicaciones de la imputación de cargos. Por eso, de acuerdo con fuentes de la Fiscalía, pidieron aplazar la diligencia y anticipar un interrogatorio.
La Fiscalía accedió al interrogatorio, pero mantuvo el llamado a imputación para el próximo 12 de marzo. En la audiencia, el fiscal 78 de la Unidad de Delitos Electorales revelará las supuestas irregularidades que identificaron en dos informes entregados por la campaña a través del partido político de la Colombia Humana. Se trata de un reporte de gastos de la primera y segunda vuelta presidencial.
La conclusión, tras el análisis de los informes de la Colombia Humana, es que se trató de una “campaña desordenada”. Los responsables de redactar los informes, según la investigación, incluyeron gastos de la primera vuelta en los datos de la segunda. Además, de acuerdo con el expediente, habrían disminuido valores, cambiado facturas, modificado gastos, presuntamente, para ajustarse a los montos que exige la ley.
“Reajustar el tope de gastos a invertir en la campaña electoral por los candidatos a la presidencia de la república durante el año 2022 a 28.536.520.492 pesos para la primera vuelta. El monto fijado como tope de campaña comprende la sumatoria de los recursos aportados por el Estado y los aportados por los particulares”, señala la Resolución 0694 del Consejo Nacional Electoral (CNE), que fija los montos en las campañas.
Los investigadores lograron determinar, a través de un centenar de actividades de verificación, que los gastos reportados por la Colombia Humana no corresponderían a la realidad. Se hicieron inspecciones a los sitios, proveedores y entidades que, de acuerdo con los propios informes, guardaban los soportes de servicios prestados a la campaña presidencial.
La Fiscalía llegó a la Dian, a los hoteles, a las empresas de transporte y logística, que, según los informes, fueron los encargados de prestar servicios, asesoría y hasta vigilancia en el marco de la campaña de Petro en 2022. Esas inspecciones del ente acusador observaron que lo redactado por el partido político en esos informes, presuntamente, fue muy distinto a lo que habría ocurrido.
Las entidades y empresas explicaron a los investigadores que las facturas presentadas en los informes tenían sustanciales diferencias con lo consignado en sus archivos o estaban ubicadas en tiempos diferentes. Facturas de hoteles usados en la segunda vuelta quedaron en los reportes de gastos de la primera.
Así ocurrió con un número significativo de facturas que reforzaron la hipótesis de la Fiscalía y por las cuales fue señalado como responsable Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña presidencial, pese a que los informes se elaboraron en el partido político del presidente.
Sobre Roa cae la imputación de cargos y tendrá que demostrar su inocencia en un escenario complejo.
Las cuentas que saltaron en la investigación señalan que en la primera vuelta la campaña, presuntamente, superó los topes en 1.200 millones de pesos y en la segunda en 300 millones, que distan mucho de los 5.300 millones de la sanción en el CNE. Fuentes del ente acusador explicaron por qué la diferencia.
La investigación del CNE advierte de valores negativos en la campaña presidencial, que no requieren de corroboración y que obligan al investigado a controvertir. De no hacerlo, el monto en los topes se eleva y confirma las irregularidades sancionadas por la autoridad electoral.
La dinámica de investigación de la Fiscalía no es igual. Los encargados del proceso deben hacer actos de verificación de cara a la imputación de cargos y argumentar los señalamientos con la prueba técnica, como lo exige el tipo penal de violación de topes electorales.
En los hallazgos que fueron objeto de corroboración, el fiscal descubrió facturas que la campaña de Petro en 2022 pagó, aunque no las incluyó en los informes o las reportó en la primera vuelta y terminaron en la segunda. Gastos de publicidad en televisión privada por más de 300 millones de pesos y servicios de actividades con sindicatos que no aparecieron en los informes.
La investigación que tiene a Roa a las puertas de una imputación de cargos, en una vinculación formal por delitos electorales, arrancó de oficio; no fue una denuncia o una compulsa de copias. Fueron meses de indagaciones, de recuperación de elementos de prueba y de hallazgos importantes que muestran nuevas fases y más personas por vincular.
El ente acusador hizo una ruptura procesal; en otras palabras, dividió los elementos de pruebas, denuncias y compulsas de copias para adelantar de manera separada cada capítulo de las irregularidades en la campaña de Petro en 2022.
Casos que vinculan a Papá Pitufo, Fecode, la pirámide Daily Cop y hasta los aportes que habrían llegado a las manos de Nicolás Petro son investigados por la Fiscalía, pero en momentos distintos. Se trata de otras fases de la investigación que anticipan posibles delitos como la financiación ilícita de campañas. Ahí la responsabilidad es mayor y podría llevar a la vinculación de otros integrantes de la campaña de Petro.
La cita de Roa tiene previstas dos sesiones. La primera, el martes 10 de marzo, por tráfico de influencias respecto del apartamento que adquirió en el norte de Bogotá, y la segunda, un día después, por su rol como gerente de la campaña.
Su defensa insiste en que, aun con el llamado a imputación de cargos, se mantiene la presunción de inocencia y, por supuesto, la posibilidad de controvertir las pruebas que la Fiscalía pretenda llevar a las diligencias. “Deberá contar con todas las garantías para ejercer sus derechos de defensa”, señalaron sus abogados.
La responsabilidad en este caso no es delegable. Ricardo Roa tendrá que asumir, como gerente de la campaña presidencial, su rol en las actuaciones que son objeto de cuestionamiento por parte del ente acusador.