Este miércoles, 29 de abril, la sala plena del Consejo Nacional Electoral le dio la estocada definitiva a la campaña presidencial de Gustavo Petro: confirmó la sanción administrativa contra los directivos de la contienda por más de 5.300 millones de pesos, la cifra que, a juicio de los magistrados, corresponde a la violación de los topes electorales en que incurrieron en 2022. La investigación la lideraron los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada.
La sanción administrativa del CNE contra la campaña presidencial se decidió en la sala plena en diciembre de 2025, pero la contraparte radicó varios recursos de reposición que fueron estudiados y negados por los magistrados. Se acudió al llamado de conjueces que fueron recusados y, tras negar las recusaciones, se votó. Las mayorías se impusieron y decidieron este miércoles contra la campaña Petro Presidente. La votación final fue 6-2.
En ese orden de ideas, el gerente de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, tendrá que pagar la millonaria sanción. También los otros directivos de campaña.
De acuerdo con la decisión inicial, el CNE sancionó a Ricardo Roa Barragán. También a Lucy Aydee Mogollón, en calidad de tesorera, y a María Lucy Soto Caro como auditora interna de la campaña en primera vuelta presidencial por 2.252 millones de pesos.
Igualmente, se sancionó a los mismos directivos de la campaña por otros 627 millones de pesos para la segunda vuelta presidencial por financiación prohibida, y otros 596 millones de pesos por violación de topes electorales.
Cabe recordar que Colombia Humana, el movimiento político que fundó Gustavo Petro, se allanó a los cargos y optó por pagar parte de la millonaria sanción, buscando hacer parte jurídicamente del Pacto Histórico como partido político.
Andrea Camila Vargas de la Hoz, secretaria general y representante legal del Movimiento Político Colombia Humana, informó al CNE en un oficio que, “por medio de este escrito presento el desistimiento del recurso de reposición contra la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, radicado el 15 de diciembre de 2025, la renuncia a los términos procesales relacionados con la presente etapa procesal y con toda la actuación administrativa, al igual que la renuncia a los términos de notificación derivados de la consecuente firmeza del acto administrativo por el cual se sanciona administrativamente a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; María Lucy Soto, auditora, y al movimiento político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica”.
No obstante, Ricardo Roa resultó el peor librado. Tendrá que devolver al Estado 165 millones de pesos “correspondientes al pago efectuado por el concepto del gasto denominado ‘Evento Movistar Arena del 19 de junio de 2022’, debidamente indexado al año 2025”, según la decisión del Consejo Nacional Electoral.
Roa pagó con su tarjeta de crédito ese monto y el dinero se lo devolvieron, pero, según los magistrados del CNE, el acto fue durante el día de las elecciones y no comprendía la campaña presidencial.
La resolución contra la campaña presidencial no es de poca monta. Es la primera vez en la historia del país que el CNE sanciona pecuniariamente una campaña presidencial, y más aún tratándose de un jefe de Estado en ejercicio de sus funciones.
La decisión administrativa quedó ratificada justo cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara archivara la investigación contra el presidente Gustavo Petro por el mismo caso, argumentando que todo fue a sus espaldas. Al igual que el CNE, compulsará copias a la Fiscalía para que investigue al gerente de la campaña Ricardo Roa.