Este miércoles, 4 de marzo, los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron en la sala plena del Consejo Nacional Electoral una nueva ponencia en la que ratifican la sanción administrativa por más de 5.000 millones de pesos en contra de los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por violación de topes electorales.
La sala plena votó 6-3 la sanción contra la campaña el 27 de noviembre de 2025. Sin embargo, la defensa del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y los demás directivos de la contienda política presentaron un recurso jurídico que llevó a los magistrados Ortiz y Prada a examinarlo detenidamente.
Sin embargo, no los convencieron y, después de varias semanas de estudio, hoy radicaron ponencia en contra y ratificaron lo que habían contemplado inicialmente.
“Resuelve no acceder a las solicitudes de nulidad y corrección de presuntas irregularidades de la actuación administrativa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución”, se lee. Y se pide enviar copias del auto a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes.
De acuerdo con la decisión inicial, el CNE sancionó a Ricardo Roa Barragán, hoy presidente de Ecopetrol, quien fue gerente de la campaña. También a Lucy Aydee Mogollón, en calidad de tesorera, y a María Lucy Soyo Caro como auditora interna de la campaña en primera vuelta presidencial por $2.252 millones.
También sancionaron de manera solidaria a Ricardo Roa Barragán, Lucy Aydee Mogollón y María Lucy Soto Caro por otros $2.447 millones por violación de topes electorales en la primera vuelta presidencial.
Igualmente, se sancionó a los mismos directivos de la campaña por otros 627 millones de pesos para la segunda vuelta presidencial por financiación prohibida. Y otros 596 millones por violación de topes electorales.
En el caso de Roa, la situación es preocupante porque el alto directivo de Ecopetrol se enfrenta a dos llamados de la Fiscalía para imputación de cargos. Uno de ellos, por el manejo de la campaña presidencial de Gustavo Petro, y el otro, por el presunto delito de tráfico de influencias y la compra y adecuación de su millonario apartamento ubicado en la calle 93, en el norte de Bogotá.
Mientras la defensa de Roa y los demás directivos de la campaña insistieron en presentar recursos judiciales argumentando su inocencia y la no violación de topes electorales, Colombia Humana, el movimiento político que fundó Gustavo Petro y que también fue sancionado en noviembre de 2025, se allanó a los cargos y optó por pagar parte de la millonaria sanción.
Andrea Camila Vargas de la Hoz, secretaria general y representante legal del Movimiento Político Colombia Humana, informó al CNE en un oficio que, “por medio de este escrito presento el desistimiento del recurso de reposición contra la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, radicado el 15 de diciembre de 2025, la renuncia a los términos procesales relacionados con la presente etapa procesal y con toda la actuación administrativa, al igual que la renuncia a los términos de notificación derivados de la consecuente firmeza del acto administrativo por el cual se sanciona administrativamente a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; María Lucy Soto, auditora y al movimiento político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica”.
Aceptando el pago de estas dos sanciones administrativas, Colombia Humana quedó lista para fusionarse con el Pacto Histórico. Y sus candidatos que se inscribieron a la Cámara no correrán riesgo por doble militancia.