Antonio Sanguino, el ministro de Trabajo de Petro, fue uno de los primeros funcionarios que salió de su cargo con la llegada del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. Sin embargo, su salida tuvo efectos en el juicio que avanza en su contra por un caso de corrupción.
Por eso, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha citado para este jueves 20 de agosto a las 5:30 p. m., una audiencia en la que se definirá la competencia que seguirá procesando al exministro Antonio Sanguino. Ese caso actualmente se encuentra en el despacho del magistrado Jorge Emilio Caldas.
Sanguino es investigado en la Corte Suprema de Justicia por el fuero constitucional que tenía como ministro de Trabajo, pero al salir del cargo perdió esa condición, lo que dejaría el caso en su contra ante un juez penal o de primera instancia.
Para eso los magistrados de la Sala de Primera Instancia, conformada por Jorge Caldas, Blanca Barreto y Paula Andrea Ramírez, tendrán lista la decisión en la que decidirán a qué despacho de la justicia ordinaria pasará el proceso contra el exministro Antonio Sanguino.
El supuesto tráfico de influencias
En marzo de 2025, el proceso contra Antonio Sanguino salió de la justicia ordinaria y pasó a la Corte Suprema de Justicia, después de que el entonces presidente Gustavo Petro lo nombró como su ministro de Trabajo.
Ese proceso contra el ahora exministro arrancó cuando era concejal de Bogotá en el año 2008, cuando supuestamente utilizó sus influencias para que se nombrara a una persona de su confianza en el Hospital de Usme, en el sur de Bogotá.
La investigación que adelanta la Fiscalía advierte que el entonces concejal de Bogotá habría presionado para que desde la Secretaría de Salud, se nombra a una persona de su confianza como gerente del nuevo Hospital de Usme. Esas movidas habrían terminado beneficiando a un tercero.
Los investigadores alertaron que con esa ‘jugadita’ se habría buscado controlar la contratación del centro médico, al parecer, para beneficiar a varios contratistas, entre ellos a Julio Gómez, uno de los protagonistas del carrusel que se desató en Bogotá durante la administración de Samuel Moreno.
La Fiscalía señaló durante una audiencia de imputación de cargos: “Utilizó indebidamente, en provecho propio, las influencias de su cargo como concejal”; además, advirtió que el exconcejal habría intentado tener el “control político” en esa localidad, una de las más pobladas de la capital de Colombia.