La Procuraduría General de la Nación tumbó un nuevo interventor que fue designado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para que se pusiera al frente de una EPS. Esta vez, la afectada fue la interventora de Capresoca, Betty Cecilia Anaya, tras registras un evidente deterioro de los servicios a los pacientes tras el inicio de ese acción por parte del Ejecutivo.
La decisión firmada por la procuradora delegada Disciplinaria, Tatiana Moreno Shett, concluyó: “Suspender provisionalmente del ejercicio de la función de agente especial interventor de Capresoca EPS, Betty Cecilia Anaya Nieto, por el término inicial de tres (3) meses y, solicitar al superintendente nacional de salud que proceda a cumplir y hacer efectiva esta medida cautelar de manera inmediata al recibo de la comunicación correspondiente”.
La decisión también ordenó abrir investigación disciplinaria de manera formal tanto a Anaya Nieto como a Yeferson Caicedo Pardo, quien también fue nombrado como uno de los agentes interventores especiales detrás de esa EPS. Los hechos detallan presunto incumplimiento de funciones en el cargo que les asignó el Gobierno nacional.
La Procuraduría detalló que las primeras indagaciones que llevaron a tomar esta decisión, dejaron al descubierto un presunto deterioro de la sostenibilidad financiera de Capresoca, pues tuvo un aumento de la siniestralidad del 121 %, un déficit de 375.000 millones de pesos en el valor de las facturas y valor pagado y un patrimonio que disminuyó en más de 207.000 millones de pesos.
Ese golpe también lo han sentido los servicios de salud de los afiliados teniendo en cuenta que, según los registros presentados por la Entidad Prestadora de Salud, dejaron al descubierto un “aumento progresivo de las PQR, pasando de 249 mes para el 2023, a 606 en 2025, lo que dejó un incremento del 144%.
En cuanto al comportamiento de las tutelas, la Procuraduría expuso que para el año 2022 el promedio mes estaba en 65 recursos radicados en ese sentido, para el 2023 se pasó a 108, y ese fenómeno se mantuvo con 102 acciones con corte a octubre de 2025.
Para el ente de control, esta situación demuestra una situación preocupante: “Se mantienen condiciones de riesgo la vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la vida, y mínimo vital de los afiliados que al no recibir de manera oportuna, continua y con integralidad los servicios de salud se exponen al deterioro de sus condiciones de salud y complicaciones en sus patologías”.
Con la suspensión de la interventora Betty Cecilia Anaya, la Procuraduría consideró la alta rotación de agentes intervennos ha provocado “incumplimiento de los objetivos de la posesión de la entidad”, por lo que se considera urgente evaluar la responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud en la selección de los perfiles de los dos interventores detrás de Capresoca.