Por los delitos de prevaricato por acción y omisión, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y abuso de función pública, fueron denunciados los integrantes de la Mesa Directiva del Concejo Distrital de la ciudad de Cali (vigencia de 2025) en el marco del concurso para elegir el próximo contralor de la capital del Valle del Cauca.
El denunciante advierte de presuntas irregularidades en el proceso de elección del contralor distrital de Cali y en una denuncia explicó en detalle por qué resulta necesaria una investigación de la Fiscalía. Se trata de conductas contrarias a la ley que, de acuerdo con la denuncia, fueron advertidas por la Procuraduría.
“Los hechos se exponen en orden cronológico, con indicación del soporte documental correspondiente. De su conjunto se desprende que la Mesa Directiva de la vigencia 2025 estructuró un proceso de elección plagado de irregularidades, fue advertida oportuna y reiteradamente por la Procuraduría General de la Nación, y aun así persistió en el trámite viciado, desatendiendo sus deberes legales”, señala la denuncia.
El documento detalla lo que a consideración del denunciante son vicios de fondo en el proceso de elección y que además incluye un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), que debe ser materia de investigación por cuanto no era la responsable de resolver las reclamaciones al concurso, pero lo hicieron.
“Pese a la prohibición contractual expresa y al marco legal aplicable, la UPTC —un contratista— tramitó, resolvió y notificó las reclamaciones presentadas por los aspirantes frente a la lista preliminar de admitidos y no admitidos, e incluso anunció la remisión de un proyecto de resolución para la lista definitiva”, advierte el documento en poder de la Fiscalía.
Para el denunciante es claro que los integrantes de la mesa directiva del Concejo Distrital en la ciudad de Cali tenían conocimiento de las irregularidades advertidas por la Procuraduría y aun así continuaron con el proceso de selección del contralor sin subsanar lo que a criterio del ministerio público era urgente.
“El valor de esta secuencia es capital para la prueba del dolo: no se trató de un desliz aislado, sino de una cadena de advertencias que los denunciados recibieron, comprendieron —hasta el punto de suspender el proceso— y finalmente desatendieron. El conocimiento de la ilegalidad, elemento del tipo subjetivo del prevaricato, está documentado paso a paso en el expediente”, explica la denuncia.
Lo que se espera con la denuncia es que la Fiscalía inicie formalmente una investigación, ordene la práctica de pruebas y, de resultar necesario o hallar mérito, citar a imputación de cargos a quienes, por grado de responsabilidad, resulten comprometidos.