El secretario de Transparencia del presidente Gustavo Petro, Andrés Idárraga, utilizó su cuenta de X para denunciar una serie de irregularidades que se estarían presentando en dos programas que impulsó el actual Gobierno, para mejorar las vías terciarias, secundarias y caminos ancestrales que se han visto afectados por el conflicto armado en Colombia.
El alto funcionario explicó que el objetivo de su publicación era “llamar la atención” sobre los procesos de contratación que viene adelantando el Instituto Nacional de Vías (Invías) con esos dos programas para llevar infraestructura vial a municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) y zonas azotadas por los grupos armados ilegales.
Idárraga explicó que la alerta es en general para el grupo de licitaciones de los dos programas, pero habló de un caso en específico: “La voy a centrar en el proceso No. LP-DEO-SMCN-038-2025, en el cual, como resultado de la revisión adelantada por la Secretaría a las condiciones de participación y a los criterios de evaluación aplicados por la entidad, se han identificado posibles inconsistencias relacionadas con la presunta aplicación indebida de los pliegos tipo de infraestructura de transporte”.
La Secretaria de Transparencia del Gobierno Petro también advirtió que sobre ese caso como tal, hay evidencia de situaciones asociadas a la validación de certificaciones de experiencia que no cumplirían con los requisitos mínimos exigidos; inconsistencias que habrían causado la negativa en otros procesos de contratación adelantados por el Invías.
Por eso, el secretario Andrés Idárraga fue enfático en afirmar: “podría incidir en la adecuada verificación de la capacidad técnica de los proponentes”.
Otra de las inconsistencias que halló esa dependencia de la Presidencia de la República estaría relacionada con la validación de contratos que han tenido incumplimientos contractuales, pues la evidencia demuestra que no se ejecutaron de forma completa e idónea a las actividades acordadas legalmente.
Andrés Idárraga también denunció: “Hemos identificado la habilitación de proponentes que no cumplirían requisitos, dándose validación de experiencia inconsistente, otorgamiento de puntaje a condiciones subsanadas fuera de tiempo o con documentos expedidos con fecha posterior al cierre, así como respuestas incompletas a las observaciones”.
El secretario de Transparencia reveló un caso en particular con la empresa Urbancon S.A.S., la cual, habría presentado certificaciones de un supuesto contrato que firmaron con el Fondo Nacional de Caminos Vecinales (FNCV) en el año 1982, pero, al parecer, ese documento fue validado por el principio de buena fe, más no por la capacidad de verificación del Invías.
“En otro caso, se identifican certificados de contratos que en la actualidad tienen resoluciones de incumplimiento que, a pesar de haber sido puestas en firme, se siguen escudando en “argumentaciones” administrativas para validarlas”, alertó Idárraga.
En la publicación que etiquetó a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y a la Procuraduría, liderada por Gregorio Eljach, puso sobre la mesa el contra 00111 de 2018, pues asegura que ese negocio ha sido usado por sus ejecutores en varias licitaciones a través de diferentes empresas como Construcciones, Diseños y obras Civiles S.A.S.; MegaC Construcciones Pack S.A.S.; e Intrasp S.A.S., entre otras.
Idárraga fue contundente en señalar: “Estas situaciones podrían afectar la transparencia, la selección objetiva y la igualdad entre oferentes. Esperamos que, previo a su adjudicación, se revisen las observaciones para garantizar procesos íntegros, en beneficio de los territorios más afectados por la violencia en el país”.
SEMANA ha revelado informes de la Contraloría que han evidenciado como el programa Caminos Comunitarios para la Paz, la apuesta del gobierno para mejorar 33.000 kilómetros de vías terciarias con más de 8 billones de pesos, fracasa en su ejecución por problemas financieros y hasta tendría graves inconsistencias por la falta de vigilancia.